El bono social eléctrico, una de las ayudas surgidas al calor de la crisis para combatir la pobreza energética, se encuentra en un momento de reforma. El Gobierno estudia mecanismos para su renovación de forma que incluya a más beneficiarios en un momento en que la subida del recibo de la luz se ha colocado como una de las principales preocupaciones de los consumidores españoles. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá el día 19 en el Congreso de los Diputados para explicar la nueva política del Gobierno.

¿Por qué se reforma el modelo?

El modelo de bono que entró en vigor en octubre del año pasado no ha solucionado los problemas con la factura de luz de muchas familias españolas. Se calcula que lo perciben cerca de 700.000 hogares, cuando la pretensión del Gobierno de Rajoy era que alcanzara los 2,5 millones. El Ejecutivo ha chocado además con la decisión del Tribunal Supremo, que ha resuelto que cantidades abonadas por el bono social deben realizarse con cargo al sistema eléctrico y no por las compañías. Ante toda esta situación, el nuevo Gobierno socialista estudia soluciones para ampliar el colectivo beneficiado y agilizar la tramitación.

Claves del nuevo bono social eléctrico

A expensas de que se reforme el modelo, el plazo para renovar las ayudas para quienes las perciben acaba el 8 de octubre. El Gobierno busca simplificar todo el proceso para la solicitud y la verificación de los requisitos exigidos, además de que más hogares resulten favorecidos por la concesión. En la actualidad, hay tres colectivos que reciben subvenciones: consumidores vulnerables (25% de descuento en la factura), vulnerables severos (40%) y en riesgo de exclusión social (100%). La idea es crear un cuarto tipo en el que tengan cabida un grupo que, aunque con escasos recursos, no se encuentra en un esquema de vulnerabilidad similar a los ya existentes.¿Quién puede pedir el bono ahora?

Según el artículo 3 del real decreto, tienen derecho al bono social los suministros que, siendo personas físicas en su vivienda habitual acogidos al Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), cumplan alguno de los requisitos siguientes:

a) Consumidores vulnerables: se les subvenciona el 25% de su factura si estos hogares presentan una renta anual conjunta máxima de entre 11.279 y 18.779 euros, según el número de miembros. Este cálculo se hace a través del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. En la actualidad, el IPREM está establecido en 7.519,59 euros anuales.

b) Consumidores vulnerables severos: se les subvenciona el 40% de su factura si estos hogares presentan una renta anual conjunta máxima de entre 5.640 y 9.340 euros, siguiendo también el cálculo del IPREM.

c) Consumidores en riesgo de exclusión social: Sus ingresos están por debajo de los límites antes reseñados. Reciben una subvención del 100%.

También pueden acogerse, según sus ingresos, las familias numerosas o todos aquellos pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente sin otros ingresos.