¿Me pueden echar si no pago el alquiler en 2025?: esta es la nueva medida sobre los desahucios
El acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más crítico y la necesidad de establecer un mercado de alquiler más estable y con precios más asequibles es urgente
El problema de la vivienda continuará en 2025, ya que se prevé que los precios del alquiler de larga temporada continúen altos, lo que seguirá siendo un hándicap para familias de clases media y baja, que tendrán dificultades para hacer frente a los pagos de las mensualidades.
El desahucio y quedarse en la calle es lo último que esperan los inquilinos cuando dejan de pagar las mensualidades del alquiler. Por su parte, los propietarios desean recuperar su vivienda cuando dejan de recibir las rentas.
¿Qué pasará en 2025 si un inquilino deja de pagar el alquiler de su vivienda? ¿Se prorrogará la paralización del desahucio?
¿Cómo abordar el problema del desahucio?
El Gobierno de España defiende sus medidas para abordar de manera efectiva los problemas de alojamiento que afectan a los hogares vulnerables, especialmente en un contexto donde la guerra en Ucrania y otros factores globales han impactado severamente la economía. El acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más crítico y los intentos de establecer un mercado de alquiler más estable y justo son urgentes.
Dado que el problema del acceso a la vivienda asequible se ha intensificado, las acciones del Gobierno son pasos necesarios para aliviar la presión sobre las familias que enfrentan dificultades económicas. No obstante, los análisis preliminares sugieren que los precios del alquiler probablemente continuarán aumentando, lo que podría hacer que la situación sea aún más preocupante a largo plazo.
El 23 de diciembre de 2024, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 9/2024, introduciendo importantes cambios en las políticas de vivienda. Este decreto busca atender las crecientes necesidades de vivienda social y proteger a los inquilinos más vulnerables ante un contexto económico complicado, marcado por la inflación y la escasez de oferta habitacional.
Uno de los aspectos más relevantes del Real Decreto-ley es la movilización de viviendas y suelos públicos para aumentar el parque de vivienda social. Se establece que la empresa pública SEPES recibirá un nuevo proyecto que le otorgará mayor autonomía para gestionar inmuebles del Patrimonio del Estado. Esta iniciativa pretende acelerar la construcción y rehabilitación de viviendas destinadas a proporcionar opciones de vivienda asequible y social.
¿Se prorrogarán los desahucios?
El Consejo de Ministros acordó el 23 de diciembre la ampliación de la suspensión de desahucios para hogares en situación de vulnerabilidad económica, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.
Los inquilinos que demuestren estar en una situación de vulnerabilidad económica podrán solicitar la suspensión de los procedimientos de desahucio ante los juzgados. Para ser considerados en esta categoría, deberán cumplir ciertos requisitos, entre los cuales se incluyen:
- Desempleo o reducción de ingresos: estar afectado por el desempleo, un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o una reducción en la jornada laboral que lleve los ingresos a estar por debajo de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este límite puede ampliarse a cinco veces el IPREM en los casos con hijos, personas mayores a cargo, o personas con discapacidad.
- Carga económica: la renta de alquiler, sumada a los gastos y suministros básicos, no puede ser superior al 35% de los ingresos netos del conjunto de los miembros de la unidad familiar. Los gastos fundamentales considerados incluyen suministros de electricidad, agua, gas, y telecomunicaciones, entre otros.
La suspensión de los desahucios también se aplica a situaciones de ocupación donde las propiedades pertenecen a personas jurídicas o individuos con más de diez viviendas en propiedad (grandes tenedores) exceptuando su vivienda habitual.
Compensaciones para los propietarios
Los propietarios afectados por la suspensión de los desahucios tendrán la opción de solicitar compensaciones por las rentas no cobradas en virtud de la medida.
Esta compensación podrá solicitarse hasta el 31 de enero de 2026, brindando así un apoyo financiero que mitigue las consecuencias que puedan derivarse de la falta de ingresos por alquileres durante este tiempo.
La extensión de la suspensión de desahucios hasta el final de 2025 es un claro indicador de la necesidad de proteger a aquellas familias que, debido a la crisis económica, no pueden acceder a una vivienda digna.
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