El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha propuesto hoy simplificar el sistema de tasas de matrícula universitaria, "igualando" las de másteres y grados que abonan los alumnos.

En la trigésima Semana de la Educación de la Fundación Santillana, el ministro ha defendido que los españoles puedan acceder a una universidad pública de calidad y que nadie con capacidad e interés tenga que abandonar los estudios por razones económicas, como uno de los puntos de su propuesta para un pacto educativo nacional.

Organizaciones de estudiantes y los rectores han reiterado las quejas en los últimos años sobre la subida de las tasas de matrícula que permitió el decreto ley de racionalización del gasto educativo de 2012, en especial el precio de los másteres.

El ministro ha insistido en "mantener las becas como derecho" de los estudiantes y "continuar con el esfuerzo presupuestario" en este capítulo.

También ha hablado de asuntos como incrementar la movilidad de alumnos y profesorado, flexibilizar los estudios para adaptarlos a las necesidades sociolaborales y del patrocinio y mecenazgo privados de la universidad.

Ha pedido no buscar un pacto porque sí, como un fin en sí mismo, sino con objetivos determinados. En primer lugar, ha citado la "certidumbre", para que cada nuevo gobierno no deshaga lo que hizo el anterior.

Ese acuerdo tiene que tener vocación de "globalidad", para alejar la educación de "polémicas de corto alcance" como "Lomce, sí; Lomce, no".

Ese pacto debe establecer una educación de calidad que forme ciudadanos autónomos, libres y responsables con las competencias sociales, culturales y laborales, entre ellas la Lingüística, necesarias para el mundo de hoy.

El ministro ha incidido en que el principal activo del sistema educativo es el profesorado, y su profesionalidad es "clave".

Ha considerado fundamental la formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, tanto del alumno como de los docentes.

Ha reivindicado una enseñanza de calidad inclusiva y de detección temprana de necesidades específicas de apoyo educativo.

También ha considerado que un plan nacional de convivencia escolar es indispensable en cualquier pacto educativo, así como la autonomía de los centros para adaptar sus estructuras y el currículum a su realidad social.

Ha subrayado el derecho de elección del centro y del modelo educativos por los padres, y la evaluación de alumnos, profesores y centros para la mejora educativa, además del fomento de la FP.