La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, que dirige José Antonio Valbuena, anunció ayer que el proyecto de instalación de una planta de gas previsto en el Puerto de Las Palmas, será sometido al procedimiento de evaluación ambiental ordinario, más exigente que el trámite simplificado por el que estaba siendo evaluado.
El informe de la Comisión de Impacto Ambiental que tuvo lugar el pasado jueves especifica que a nivel ambiental, esta infraestructura puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y en consecuencia es necesario su sometimiento a este tipo de procedimiento (ordinario).
El propio Valbuena comentó el trámite relativo a la planta de almacenamiento de gas natural licuado en La Luz «es un expediente donde inicialmente se entendía que cumplía los criterios tanto por el órgano sustantivo para que fuese sometido a una evaluación de impacto ambiental simplificada».
La Comisión de Impacto Ambiental considera que el proyecto tiene «efectos adversos» en el medio ambiente
Sin embargo, el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública el pasado mes de agosto, en el que se resolvía el proyecto de manera desfavorable, exponía que «en la ubicación propuesta -en las parcelas situadas en La Esfinge- supondrá un impacto local permanente para la ciudad con efectos negativos para la salud de la población de la capital».
Por este motivo, José Antonio Valbuena explicó que se había adoptado «la decisión de que en lugar de ser simplificada, tenga que ser ordinaria, lo que coincide con la petición que se hacía por distintos colectivos como puede ser el Colegio de Médicos de Las Palmas».
Rectificación posterior
En el informe emitido por Salud Pública se especificaba también que la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica había concluido -con respecto a la instalación de la planta de gas- que «era una actividad carente de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente», lo que argumentaba que el procedimiento de autorización ambiental fuese el simplificado.
«Se ha atendido a peticiones de colectivos profesionales como el Colegio Médico de Las Palmas», apunta Valbuena
La diferencia entre ambos procedimientos está principalmente en el tiempo de duración y la complejidad de los informes que se evalúan. Un matiz importante es que en el caso del procedimiento simplificado, el estudio de evaluación de impacto medioambiental es realizado y presentado por la propia empresa promotora del proyecto, en este caso Totisa Holdings, mientras que por la vía ordinaria, es el propio departamento de Transición Ecológica el que tiene que llevar a cabo su propio informe.
Cabe recordar que la principal advertencia que recoge el documento emitido por Salud Pública en cuanto al impacto negativo de mayor peso es el relacionado con «la calidad del aire», aunque también entra a valorar aspectos como el riesgo de accidente, incendio y explosión por sus consecuencias catastróficas, más aún teniendo en cuenta «la proximidad del emplazamiento de las instalaciones» a la población residente en la capital grancanaria.
Desde Transición Ecológica se comunicó también que la decisión de cambiar el tipo de procedimiento para la evaluación del proyecto de la planta de gas fue notificada a la propia empresa promotora, al Cabildo de Gran Canaria, al Ayuntamiento de capitalino y a la Autoridad Portuaria de Las Palmas como entidades implicadas.
Las declaraciones de José Antonio Valbuena fueron ofrecidas tras la reunión mantenida con la Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Gobierno Balear, que dirige Juan Pedro Yllanes, que tuvo lugar en la sede de Presidencia de Gobierno.
La conclusión fue que defenderán una propuesta común de acciones como territorios archipelágicos durante la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cop27) y el Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama).
