El abogado de los vecinos afectados por la Ley de Costas, José Ortega, afirma que se está actuando de manera ilegal y coaccionando a los implicados a la hora de derribar sus viviendas.

Según el abogado José Ortega, desde la Dirección General de Costas se obliga a los perjudicados a pagar el coste de la demolición de sus viviendas y "eso es del todo ilegal, ya que cada orden de derribo incluye los gastos; sin embargo, les están cobrando 6.000 euros después de tirarles la casa. Es una manera de coaccionarlos para que no pataleen ni se defiendan, ya que les dicen que si agachan la cabeza y se están calladitos no les cobrarán".

José Ortega se encarga en Fuerteventura de los casos de las casas de Los Molinos, Puerto Lajas y Jacomar, pero además es el propulsor de la Plataforma Nacional de afectados por la Ley de Costas. El colectivo está formado actualmente por 2.000 familias, la mayoría de Canarias y Valencia, un número al que en breve se sumarán otros 3.000 vecinos de la provincia de Cádiz.

La plataforma surgió como una forma de denunciar la aplicación con abuso, arbitrio y retroactividad de la Ley de Costas. "Nosotros no estamos en contra de la ley, sino de la manera en la que se está aplicando, por ello nuestro planteamiento es ético y moral y por ello queremos que se lleve a debate público". Para ello se ha elaborado un informe basado en abusos y situaciones injustas que se están produciendo en el litoral con la mala aplicación de la ley".

Ortega denuncia también que las órdenes de derribo que se están entregando en Los Molinos "son ilegales de principio a fin, hablan de derribo, pero realmente es un desahucio".

Por otro lado, Ortega acusa al jefe de Costas de Las Palmas de vulnerar los derechos de los ciudadanos a solicitar la concesión de los terrenos donde se encuentran sus viviendas, tal como estipula la propia ley. "Sin embargo, este señor pasa por alto las competencias de los órganos administrativos y toma la decisión de derribar las construcciones sin que se haya estudiado cada caso concreto y decidido si tienen derecho o no a dicha concesión", señala.

Ortega pide, además, tranquilidad y tiempo, por lo que insiste en que es necesario que se paralicen los derribos, por esta razón el abogado se entrevistó ayer con el presidente del Cabildo de Fuerteventura y el alcalde de Puerto del Rosario para pedirles que intervengan. En este mismo sentido realizará una petición al Gobierno de Canarias para que presente una demanda judicial contra el Ministerio de Medio Ambiente "por no reunir la comisión mixta en la que deben tratarse estos temas de Costa".