El Cabildo y los ayuntamientos majoreros han unificado los criterios y las reivindicaciones en materia de infraestructura educativa con el objetivo de elevar al Gobierno de Canarias un decálogo de prioridades para que sean recogidas dentro de los Presupuestos de 2012.
Varios de los centros educativos que demandan los diferentes ayuntamientos se enfrentan a problemas de disponibilidad de suelo por no tener aprobado el PGOU.
