La ayuda económica de 60.101 euros concedida por el Ayuntamiento de La Oliva, siendo alcalde Domingo González Arroyo, al Concello gallego de Muxía para contribuir a paliar los efectos del desastre producido por el Prestige, no se podrá liquidar ya que el acuerdo adoptado por la institución majorera carece de validez jurídica.

El pleno del consistorio de La Oliva, celebrado el 10 de diciembre de 2002, acordó por unanimidad conceder al Ayuntamiento gallego la citada cantidad económica. Sin embargo, dicho acuerdo, no llegó a contemplarse en los Presupuestos ni contaba con los informes preceptivos que le diera validez al mismo.

La actual alcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, asegura que el acuerdo plenario " es nulo de pleno derecho dado que no se sustenta en ningún informe jurídico ni económico". Además, añade, que la ayuda aprobada para Muxía " se tuvo que haber contabilizado en el presupuesto de dicho ejercicio económico, pero, sin embargo, no se consignó por parte del grupo de gobierno liderado por el entonces alcalde, Domingo González Arroyo".

Tanto el alcalde como el exregidor de Muxía, Félix Porto y Alberto Blanco, respectivamente, señalaron el pasado martes a este periódico que en varias ocasiones han requerido a La Oliva para que cumplan con el acuerdo institucional adoptado y que nunca habían tenido respuesta.

Ambos políticos coincidieron en señalar el desfase económico en los presupuestos del citado Concello que ha provocado el incumplimiento de La Oliva. Por su parte, Arroyo, regidor en aquella época y, ahora, concejal en la oposición, pidió a Porto y Blanco que les escribieran una carta para plantear el asunto en el Ayuntamiento.

Requerimiento

En el expediente de la polémica ayuda a Muxía solo se recoge un único requerimiento formal de este Consistorio a La Oliva. Fue en 2009, siete años más tarde de que aprobaran concederles los 60.101 euros. En aquellas fechas la alcaldía estaba en manos de la socialista Rosa Fernández, mientras que González Arroyo formaba parte del Grupo de gobierno.