La propuesta del Cabildo de Fuerteventura tenía una clara referencia a las polémicas prospecciones petrolíferas que se pretende autorizar por el Gobierno de España frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Y fue avalada por los representantes de Portugal, España, Grecia, Malta, Chipre, Italia, Suecia, Dinamarca, el Reino Unido y la Unesco, así como de diversos organismos internacionales.

La situación insular de cada una de las regiones que forman parte de la iniciativa europea Pacto por las Islas, con alta dependencia de combustibles fósiles y con serias dificultades para acceder a redes continentales, supone una referencia para alcanzar en un horizonte de ocho años una mayor autosuficiencia energéticas, menos contaminante e interesantes desde el punto de vista económico.