La decisión del juez instructor de inhibirse en favor de los Juzgados majoreros en el caso de los guardias civiles de Corralejo que presuntamente formaban parte de un grupo organizado para el tráfico de drogas ha sido recurrida por uno de los abogados defensores de los agentes del instituto armado, quien cree que el magistrado debe continuar con la causa ya que hasta el momento ha practicado todas las diligencias.
El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arrecife, Leandro Martínez Puertas, dictó un auto, con fecha del pasado 27 de marzo, donde acordó la inhibición del citado procedimiento a favor de un Juzgado majorero, al tiempo que anunció no solo remitir las actuaciones hasta ahora practicadas, sino poner a disposición a los detenidos José T. C., Yeray M. A., Sergio V. R., David D. P., Eduardo G. C., Serafín E. M. y Santiago S. R. M. que se encuentran ingresados en prisión desde el pasado 24 de febrero.
El letrado grancanario José Gerardo Ruiz Pasquau, que defiende a los guardias civiles Sergio V., José T. C. y Yeray M., presentó el mencionado recurso alegando que si el juez Martínez había sido hasta ahora competente para llevar a cabo todas las diligencias previas, entre otras, el volcado de la información recabada de los teléfonos pinchados a los agentes policiales, así como los efectos informáticos incautados en los registros domiciliarios, al margen de las diligencias esenciales y urgentes, debería mantenerse al frente de la causa.
Ruiz Pasquau declinó realizar ningún tipo de declaración al ser consultado por este periódico sobre las causas que han motivado su actuación. "La causa se encuentra todavía bajo secreto de sumario y por tanto no tengo nada que decir", recordó el letrado.
