Salió huyendo del Palacio de Justicia muy sonriente, caminó 200 metros hasta que se vio acorralada por una decena de medios de comunicación ávidos de respuestas. Una periodista le comentó que sentía que estaba persiguiendo a "la Pantoja" y Águeda Montelongo, sin dejar de reír, decidió detenerse. La actual presidenta del PP en Fuerteventura y secretaria segunda del Parlamento de Canarias declaró ayer en calidad de imputada por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación. Admitió que fue un "error" costear con cargo al Patronato de Turismo vacaciones a altos cargos de su partido, cuyas facturas se camuflaron como pagos a supuestos periodistas extranjeros por realizar reportajes sobre la isla. Montelongo reconoció que ordenó los pagos como vicepresidenta de este organismo en el pasado mandato, pero aseguró que estampó su firma sin saber lo que firmaba.

La consejera del Cabildo majorero compareció durante dos horas ante la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini, y el fiscal Anticorrupción de La Palmas, Luis del Río, en el marco del Caso Patronato, que surgió a raíz de una denuncia en mayo de 2011 del entonces vicepresidente de la corporación insular, Guillermo Concepción. La investigación trata de averiguar por qué se abonaron con fondos públicos del Cabildo viajes y estancias de cargos de la formación conservadora. En concreto, los gastos ocasionados por el alojamiento del entonces senador Tomás Burgos Gallego actual secretario de Estado de la Seguridad Social-y del diputado nacional Ramón Moreno, quienes se trasladaron a Fuerteventura en 2010 para intervenir en un acto del PP vinculado a las pensiones. El hospedaje de ambos costó 346,50 euros.

Además, entre las facturas falsas figuraba la del exsenador Tomás Burgos Beteta, quien disfrutó junto con su pareja de unas días de descanso en Semana Santa en Morro Jable y cuyo gasto de 560 euros fue cargado al Patronato, al igual que un vehículo de alquiler retirado en aquella época por quien fuera secretario general del PP regional Manuel Fernández, hoy en día vicepresidente segundo del Parlamento autonómico.

Aforada

La instrucción la llevó a cabo el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Puerto del Rosario, pero al observar indicios de delito y comprobar la condición de aforada de Montelongo por ser parlamentaria regional, el TSJC asumió el sumario. Ayer la dirigente popular llegó a las 10.45 horas a la sede judicial de la Plaza de San Agustín, en la capital grancanaria, a pesar de que su declaración estaba fijada para las doce. Acudió acompañada por su abogado José Álvarez, quien defendió al diputado regional del PP Jorge Rodríguez en el Caso Europa, en el que quedó absuelto. Álvarez fue letrado del exasesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, pero renunció a representarle en el Caso Malaya.

Tras prestar declaración Montelongo abandonó el Palacio de Justicia sin perder la sonrisa, "abrumada" mientras se intentaba abrir camino entre una nube de periodistas. "Está todo aclarado. He colaborado con la Justicia y ahora la Justicia va a decidir. Soy la más interesada en que esto se esclarezca y que se demuestre que hubo un error que se enmendó", afirmó la popular, en alusión a que el dinero se reintegró a las arcas del Cabildo al estallar el escándalo.

"Quédense tranquilos. Yo estoy tranquila. Después de cuatro años me han dado la oportunidad y he venido a defenderme", añadió la exconsejera insular de Turismo.

Cuestionada sobre si temía que su imputación afectara a su carrera política -Génova quiere excluir a los imputados de las listas electorales- contestó: "Muchas gracias".

En el interrogatorio al que le sometió sobre todo la magistrada Bellini, Montelongo confesó que ordenó los pagos, pero alegó que habían sido errores involuntarios que sucedieron a través del procedimiento de aprobación del gasto, según fuentes jurídicas. Explicó que había una cadena de confianza integrada por personas que trabajaban en el Cabildo y el Patronato y que cada uno tenía su cometido. De forma que en la tramitación y autorización de los gastos participaba desde el primer auxiliar administrativo hasta la interventora. Argumentó que ella se limitaba a dar el visto bueno a lo que habían firmado antes los funcionarios y tras ver que estaba todo correcto.

Agregó que entre sus funciones no estaba controlar los pagos ni las facturas y que las firmaba sin verificarlas, salvo que fuera un importe alto. Se le mostraron las polémicas facturas que favorecían a cargos populares y expuso que se pasaron por error al Patronato en lugar de al PP, que cuando tuvo conocimiento de ello se hizo cargo.

Ayer, antes de la comparecencia de Montelongo declaró cuarenta minutos el diputado autonómico del PP Manuel Fernández como testigo. A finales de noviembre de 2009 él se desplazó a Fuerteventura para asistir al congreso insular que encumbró a Montelongo en su presidencia. Fernández utilizó tres días un vehículo de alquiler que se cargó al Patronato como promoción de un touroperador danés. Ayer mostró la factura del hotel que pagó, aunque no es eso lo que rastrea la Justicia. "Cuando fui a pagar el coche estaba pagado por el partido", adujo al salir de los juzgados.