El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, instará el lunes al alcalde en funciones de La Oliva, Pedro Amador, para que convoque cuanto antes el pleno que le designe como alcalde con el fin de normalizar la situación política del municipio tras las últimas semanas convulsas de diciembre cuando el ya exalcalde, Domingo González Arroyo, se negó a dejar el puesto pese a la orden en tal sentido de la Junta Electoral Central por la sentencia de inhabilitación en su contra.
Hernández Bento, junto al representante de la Abogacía del Estado, se reunirá con los portavoces de los seis grupos políticos con representación en la Corporación del municipio majorero. Amador tendrá que convocar el pleno, que no se pudo celebrar el pasado 26 de diciembre, para dar cuenta del cese de González Arroyo como regidor. Asimismo, tendrá que tomar posesión el nuevo concejal que sustituirá al exalcalde y el pleno votará el nombramiento de Amador, que, por lo pronto, cuenta con los cinco votos de su formación -el Partido Progresista Majorero- al igual que sucedió en junio cuando González Arroyo fue elegido alcalde.
La Delegación del Gobierno espera que tras ese pleno el Ayuntamiento empiece a funcionar con normalidad y que los funcionarios dejen a un lado la incertidumbre a la que se han enfrentado en estas últimas semanas.
Investigación
Sin embargo, esta normalización no implica que se olvide lo sucedido hasta ahora. La Delegación del Gobierno ha solicitado las actas del pleno celebrado el pasado lunes y que presidió González Arroyo pese a su condena de inhabilitación. En este sentido, Enrique Hernández Bento, señaló que se tendrán que analizar las decisiones que se tomaron "con un alcalde que no lo es, por lo que son decisiones fuera de la legalidad y los funcionarios que participaron pueden incurrir en responsabilidades, aunque lo único que hacemos nosotros es trasladarlo a la Fiscalía".
Por ello, Hernández Bento reitera que hay que "cumplir la ley" y por eso el lunes va a explicar a los portavoces municipales cuáles son los pasos a dar para que el Ayuntamiento de La Oliva deje atrás la inestabilidad y entre en la senda de la normalidad. Por eso "Pedro Amador como alcalde en funciones tiene que ejercer su autoridad y advertir a los funcionarios y a los agentes de la Policía Local que Domingo González Arroyo no es el alcalde La Oliva, porque si no podrían cometer un delito y la Delegación del Gobierno llevaría el asunto ante la Fiscalía". Para el delegado del Gobierno "algunos funcionarios están impidiendo el normal funcionamiento del Ayuntamiento".
También Hernández Bento se ha referido a los concejales que hasta ahora han apoyado a González Arroyo y que fueron al pleno del pasado lunes, porque pueden incurrir en delito por no obedecer a la Justicia y a la Junta Electoral.
El representante del Gobierno central en Canarias recuerda al exalcalde majorero que la norma es clara tras la reforma de la ley del régimen electoral y que establece que cuando hay una condena de inhabilitación para ejercer cargo público en primera instancia el afectado tiene que abandonar el puesto, aunque éste recurra a instancias judiciales superiores. González Arroyo argumentaba para atrincherarse en la Alcaldía que había recurrido la sentencia pero, según la interpretación de la Abogacía del Estado, eso no es óbice para que tenga que dejar el acta de concejal y de ahí el requerimiento de la Junta Electoral Central. Para Hernández Bento, González Arroyo estaba utilizando "artimañas" fuera de la legalidad.
