El Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a dos ciudadanos italianos por extorsionar al expresidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura y a otro empresario de Tenerife para cobrar una deuda que la familia del hotelero Gregorio Pérez Saavedra adquirió hace más de diez años con Blas Acosta, actual consejero de Turismo y Ordenación del Territorio del Cabildo majorero.
La sentencia, que es recurrible ante la Audiencia de Las Palmas, impone ocho meses de prisión a Michelle Coppa y Antonio Porretta como autores de un delito de extorsión en grado de tentativa. La Fiscalía reclamaba otros tres años de cárcel por la extorsión al otro empresario de Tenerife, pero el magistrado sólo les ha condenado a pagar sendas multas de 3.600 euros por un delito de realización arbitraria del derecho, pues en este caso sí existía una deuda real de 77.500 euros por el traspaso de un restaurante en Adeje. Ese crédito fue comprado por los dos italianos, quienes, a su vez, se lo reclamaron a Agustín Ramos Guanche, el empresario de Tenerife, mediante el empleo de métodos intimidatorios. De ahí que el juez no califique jurídicamente estos hechos como extorsión, sino como una ejecución arbitraria del propio derecho, lo que se conoce en términos populares como "tomarse la justicia por su mano".
Ramos Guanche, ante el "clima de amenaza" al que se vio sometido en abril de 2013, hizo varios ingresos, firmó un calendario de pago y reveló a los italianos que la familia Pérez Saavedra tenía una deuda de 210.000 con Blas Acosta, a quien el empresario conocía porque también tiene varios negocios en Fuerteventura.
Con ese pretexto, a finales de 2013 y principios de 2014, Coppa y Porretta pusieron en marcha la maquinaria de una nueva extorsión, con reuniones intimidatorias en la capital grancanaria, llamadas y mensajes del tipo te vamos a "romper los huevos" si no pagas, entre otros medidas de presión más sutiles contra Gregorio Pérez Saavedra, un conocido hotelero de Fuerteventura y expresidente de la Cámara de Comercio que puso los hechos en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).
La denuncia de Pérez propició la caída de los cabecillas de la red de extorsión, quienes, según la fiscal Cecilia Acebal, se dedicaban a hacerse con créditos y deudas en Canarias para luego obtener beneficios con la excusa de cobrarlos. Los agentes de la Brigada de Homicidios en Las Palmas, con la autorización del juez Florencio Barrera, pincharon teléfonos y montaron vigilancias para identificar a los implicados en la trama. La operación policial se cerró el 29 de enero de 2014, tras concertar Gregorio Pérez, bajo supervisión de la policía, una reunión con los extorsionadores en el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos. Allí, en la cafetería del recinto y sus exteriores, se produjeron las detenciones de Coppa, Porretta y el serbio Ales Mrkun (también conocido como Rasovic Dorjide). Este último, que hacía labores de vigilancia e intimidación, ha sido condenado por la tentativa de extorsión (ocho meses de prisión) y por falsificar su documentación (siete meses de cárcel).
La controvertida comisión
También fueron juzgados Francisco Nicolás Milone y Campoo Rojo, pero el magistrado Juan Gallego Ortiz les absuelve al no quedar acreditado que participasen de manera activa en la coacción o conocieron las intimidaciones de Porretta y de Coppa, ya que sólo se limitaron a acompañarles a las reuniones sin ejercer presiones o amenazas.
Los dos italianos, aparte de la multa, la pena de cárcel y las costas judiciales, deberán indemnizar con 42.400 euros a Ramos Guanche por el dinero entregado al sentirse atemorizado por esos métodos violentos. El empresario reclamaba más de 100.000 euros, pero el juez no considera acreditada esa cifra y rechaza fijar un responsabilidad civil tan elevada.
Ramos Guanche admitió en la vista oral que proporcionó a los extorsionadores italianos la información sobre la deuda de la familia Pérez con Blas Acosta. El político, al inicio de la investigación, declaró como testigo ante el juez instructor, pero finalmente quedó excluido del juicio al no estar relacionado con el cobro de la deuda ni centrarse el procedimiento penal en ese extremo.
Esa deuda, según las versiones de los implicados, está saldada y se corresponde con una comisión de 210.000 euros por la mediación de Acosta en la venta de un complejo hotelero hace más de 10 años al Grupo Dunas.
