Un total de 17 concejales de los 21 del Ayuntamiento de Pájara que ostentaron su acta en la pasada Legislatura son investigados por la Justicia por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Audiencia de Cuentas de Canarias detectó la contratación irregular de una obra para suministro de aguas y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, quien ha ordenado a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario, que investigue los hechos y tome declaración a los concejales que aprobaron en sesión plenaria el pago de la factura por los citados trabajos.
Los investigados, algunos de los cuales ya no se encuentran en la política activa o han cambiado de siglas, son: el alcalde Rafael Perdomo (PSOE), María Ángeles Acosta (CC), Alexís Alonso (CC), Pedro Armas (AMF), Ramón Carmelo Cabrera (AMF), Jordani Cabrera (CC), Faustino Cabrera (CC), Santiago Callero (PPM), Antonio Carmelo González (CC), Alejandro Jorge (NC), Ruth Lupzzik (PSOE), Jorge Martín Brito (PSOE), Ignacio Perdomo (CC), Pilar Saavedra (CC) y Farés Sosa (PSOE).
Estos fueron los ediles que votaron a favor de reconocer las contraprestaciones económicas a la empresa que realizó el proyecto de suministro de agua y de aprobar un reconocimiento de crédito por importe de 208.213,36 euros para el abono de la factura por los trabajos realizados que no estaban recogidos en el contrato. Además, se da la circunstancia que la mayor parte de los ediles investigados no estaban en la Corporación cuando se adoptó el acuerdo de encargar el proyecto de abastecimiento de aguas que ahora investiga la Justicia.
Hechos de 2010
Sin embargo, quedaron exentos de ser investigados por la Justicia, Blas Acosta y Rosa Bella Cabrera, ambos del PSOE, que no asistieron al pleno, así como los concejales del PP, Domingo Pérez, José Domingo de la Cruz y Soledad Placeres que votaron en contra.
Los hechos se remontan al año 2010 cuando el Ayuntamiento de Pájara precintó el suministro de agua desde la desaladora de la Urbanización Las Gaviotas hacia la urbanización Playa del Jable debido a que la empresa suministradora "carecía de las oportunas autorizaciones para realizar esta actividad", según fuentes municipales.
Ante esta situación y con el objetivo de garantizar el suministro de agua a la urbanización que se encontraba en el sector SUP-5, el grupo de Gobierno adoptó el acuerdo de ampliar las redes e instalación del servicio municipal en las zonas colindantes a la urbanización para su conexión al servicio municipal.
"Debido a los graves problemas que se podrían producir de desabastecimiento en esta urbanización, se refleja la necesidad de llevar a cabo las obras de ampliación de las redes de suministro de agua municipal a la mayor urgencia posible, realizándose el encargo a la empresa concesionaria del servicio municipal de Aguas, Canaragua", según se desprende del acta del pleno donde se aprobó el acuerdo que ahora investiga la Justicia.
En la citada cesión plenaria, celebrada el 28 de junio de 2011, se aportaron informes municipales favorables tanto técnicos como jurídicos y del departamento de Intervención donde reconocían no solo la ejecución de la obra sino la factura a abonar por las prestaciones ejecutadas por Canaragua. Además, en ningún momento, el entonces secretario Antonio Muñecas, realizó ninguna advertencia de ilegalidad en el abono de la factura.
El próximo 1 de marzo ya comienzan a desfilar ante juez titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario, los ediles investigados acompañados de sus respectivos letrados
Entre los miembros del Ayuntamiento de Pájara investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos figuran Ignacio Perdomo, exalcalde del municipio, y Ramón Carmelo Cabrera, exconcejal.
Se da la circunstancias que tanto Perdomo como Cabrera debieron abandonar la política activa siendo entonces concejales del Consistorio de Pájara, cuando fueron condenados en 2013 a un año y seis meses de cárcel y 9 años de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, al ser condenados por un delito continuado contra la ordenación del territorio.
Ambos formaban parte de la Comisión de Gobierno, cuando el 22 de agosto de 2002, acordaron otorgar nueve licencias urbanísticas para la zona de Cuesta de Guerime, lugar que estaba dentro del límite del Espacio Natural Protegido de Montaña Cardón.
