El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias de investigación con respecto a la gestión de la empresa municipal Suministros de Aguas de La Oliva, al detectar diversas irregularidades contables, así como la no contabilización de una deuda contraída con la entidad Canaragua. El Fiscal jefe del citado Tribunal, Miguel Ángel Torres Morato, considera probado la existencia de perjuicio a los fondos públicos durante la etapa de la exalcaldesa Claudina Morales, actual directora general del Instituto de Igualdad del Gobierno de Canarias. Además, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ya había detectado un presunto delito de malversación de caudales públicos en la empresa de aguas de La Oliva.
El alcalde de La Oliva, Pedro Amador, mandatado por la Junta de Gobierno, pone en conocimiento del Tribunal de Cuentas que la Junta General de la empresa municipal de aguas aprueba las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2015, cifras que no coinciden con las presentadas en el Registro Mercantil de Fuerteventura. El total de activo-pasivo, según la citada Junta General, es de 9.792.880,11 euros, mientras que el mismo concepto, según el citado Registro, ascienden a 10.275.950,41 euros. Los miembros del Grupo de Gobierno, conformado por PSOE, PP y Amador, votaron en contra al haber detectado errores y omisiones en las mismas
Además, se da la circunstancia que el Ayuntamiento no contabilizó la deuda de 9.881.546,95 euros con Canaragua en los presupuestos municipales, y endosó la misma a través de un contrato de subrogación a Aguas de La Oliva, a pesar que la deuda contraída era por el servicio de saneamiento y alcantarillado prestado al Consistorio norteño. También se descubre que la empresa de aguas tampoco hizo mención en sus presupuestos de la polémica deuda.
El alcalde Amador hizo hincapié en su denuncia al Tribunal de Cuentas sobre la deuda de Canaragua, reconocida mediante sentencia judicial "por si de la misma se desprendiera responsabilidad contable en la actuación de la ex-alcaldesa".