La exalcaldesa de La Oliva, la socialista Rosa Fernández, declaró ayer ante el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario, José Manuel Salto Martín, por un presunto delito de prevaricación administrativa como consecuencia de haber nombrado mediante decreto a funcionarios municipales en puestos de máxima responsabilidad dentro de la gestión del Ayuntamiento norteño. La otra exalcaldesa, la nacionalista Claudina Morales, también debió comparecer pero no se personó en sede judicial desconociéndose los motivos.
La fiscal Clara Serrano, tras una denuncia recibida por los nombramientos de la interventora, tesorero y secretaria, detectó a partir de las diligencias de investigación penal llevada a cabo, que en los polémicos nombramientos efectuados por las exalcaldesas no existió el procedimiento legalmente establecido para la provisión de los citados puestos de trabajo sin garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de publicidad.
"Ella [en referencia a Rosa Fernández] se encuentra muy tranquila. Ha actuado conforme a la legislación. Ahora hay que esperar a que el juez determine su decisión, bien archivando la denuncia o ordenando la apertura de juicio oral". Así se expresó el letrado de la exregidora a su salida de los Juzgados majoreros tras prestar declaración ante el juez por espacio de más de media hora. No hubo más palabras.
Tanto Rosa Fernández como Claudina Morales se mantienen en la política activa. La primera continúa en el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva desempeñando, entre otras, la responsabilidad en la Concejalía de Turismo. La segunda, es la actual directora de Igualdad del Gobierno de Canarias tras presentar su baja como concejala del Consistorio norteño.
La fiscal Serrano, en vista de la documentación que se aportó en la denuncia, detecta que Rosa Fernández decretó mediante decreto el 31 de julio de 2008 el nombramiento de la actual Interventora. La representante del Ministerio Fiscal considera que no se recabó el preceptivo informe de la Comunidad Autónoma sobre la inexistencia de funcionarios con habilitación nacional interesados en la provisión de este puesto de trabajo y que tampoco aprobó las bases para la convocatoria pública.
Por su parte, Claudina Morales, acordó el 6 de julio de 1991 nombrar el actual Tesorero, así como en diciembre de 2011 hizo lo propio mediante decreto de la secretaria provisional. En ambos casos no se garantizaron los principios legalmente establecidos.
