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Fiscalía observa delito de prevaricación en la compra de una nave por el Cabildo

La Mesa de Contratación aprobó la adquisición por un millón de euros con tres informes negativos de Secretaría

Nave adquirida por el Cabildo de Fuerteventura en la zona industrial de El Cuchillete, en el municipio de Tuineje.

Nave adquirida por el Cabildo de Fuerteventura en la zona industrial de El Cuchillete, en el municipio de Tuineje. LP / DLP

La fiscal Azucena Oti Cabanelas ha abierto diligencias de investigación penal contra los miembros de la Mesa de Contratación del Cabildo de Fuerteventura y contra el exconsejero insular de Economía y Hacienda, Manuel Mirada, actual director general de la Agencia Canaria de Investigación, innovación y Sociedad de la Información, por un presunto delito de prevaricación en relación a la compra de una nave en la zona industrial de El Cuchillete, que costó a las arcas insulares más de un millón de euros. Por esta operación, la fiscal solicita al juez que le corresponda llevar la instrucción que cite en calidad de imputados o investigados a todos miembros de la Mesa de Contratación, y como testigos a siete técnicos del Cabildo majorero, al arquitecto municipal de Tuineje y al administrador único de la empresa propietaria del inmueble.

Los consejeros de Podemos en el Cabildo majorero detectaron ciertas irregularidades en la adquisición de la nave industrial y presentó denuncia ente la Fiscalía Provincial de Las Palmas. "Lo que Podemos puso en conocimiento de la justicia fue la adquisición por parte del Cabildo majorero de una nave en la zona industrial de "El Cuchillete", supuestamente con la finalidad de servir como centro logístico para todas las actividades relativas a Carreteras, Medio Ambiente, etc... vinculadas al uso de maquinaria y vehículos del Cabildo en el sur de la isla, señalan desde la formación morada.

"De nuevo CC ha utilizado dinero público para socorrer a un particular de su entorno, favoreciendo su red clientelar por encima de las necesidades del conjunto de la ciudadanía", señala el portavoz del Grupo Podemos en el Cabildo de Fuerteventura, Andrés Briansó. Además, añade, que el procedimiento para adquirir la mencionada nave por parte de la institución insular "se aproxima más a un proceso de adjudicación directa".

La Mesa de Contratación, cuyos componentes, Antonio Mesa (presidente y consejero de CC ), Edilia Pérez (CC), Rita Díaz (PSOE), Eugenio Cabrera (PP) y Manuel Travieso (AMF), algunos de los cuales antiguos consejeros y alejados de la política activa, aprobaron por unanimidad en junio de 2012 adquirir a la empresa Comercial Vehículos Maxorata S. L. el inmueble a pesar de tres informes negativos del secretario general de la Corporación, Miguel Ángel Rodríguez. La interventora accidental, Dolores Miranda, junto a Rodríguez votaron en contra en el citado órgano de contratación.

Podemos explica que la nave adquirida no cuenta con acceso directo a la carretera FV-2, uno de los requisitos del pliego, y la propia Fiscalía concluye que "ni siquiera debiera haber sido admitida a licitación por lo que nos encontraríamos ante la injusta adquisición de una nave que no podía servir a los fines públicos para los que debería ser destinada, ocasionando el desembolso injustificado de 1.100.960 euros del erario público, fruto de una decisión que parece arbitraria de Manuel Miranda Medina, seguida del injusto acuerdo de la Mesa de Contratación".

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