La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario, María Luisa Casado López, ha decretado el sobreseimiento provisional parcial respecto a 16 concejales del Ayuntamiento de La Oliva que estaban siendo investigados por un presunto delito electoral. Sin embargo, mantiene la acusación contra la exsecretaria accidental Rosa Delia Cabrera. Muchos de los querellados ya no se encuentran en la política activa.

Los hechos se remontan a 2015, cuando el actual portavoz de Votemos en el Consistorio de La Oliva, Álvaro de Astica, aunque en esa fecha no tenía acta de concejal, puso en conocimiento de la Fiscalía que en el pleno celebrado el 27 de abril de 2015 donde se procedió a la elección de los integrantes de las mesas electorales para los pasados comicios locales, se excluyeron a determinadas personas elegidas en base a un programa de ordenador y que eran aptas para dicho cometido.

Tras las diligencias de investigación, la fiscal Azucena Oti consideró que los hechos denunciados pudieran ser constitutivo de un delito electoral. La fiscal entendió que la actuación de la secretaria Cabrera Montelongo no se ajustó a derecho al haber excluido a vecinos aptos para ser miembros de las mesas electorales en los comicios de aquel año, "en atención a sus nombres y apellidos de origen extranjero se les impidió el ejercicio de un derecho cívico", señaló entonces en su decreto el fiscal.

Por este motivo y en calidad de querellados debieron desfilar ante la juez la exalcaldesa Claudina Morales (CC), así como los concejales Miguel Van Daele (CC), Alejandro Curbelo (CC), Marcelino Umpiérrez (NC), Julio Santana (PSOE), Maximino Gutiérrez (PSOE), Juan Francisco González (PPM), Genaro Saavedra (CC), María Soledad Aguiar (CC), Omaira Saavedra (CC), Evelin Gómez (PPM), Margarita Santana (PPM), Oliver González (NC), Agustín Santana (PSOE) y Cristóbal Calero (NF). También la exsecretaria Cabrera Montelongo. Todos ellos, asistieron al último pleno celebrado en la legislatura 2011-2015.

Dos años más tarde de presentarse la denuncia, la juez determina mediante un auto que no aparece justificada la perpetración del delito electoral que se les imputaba a los querellados.

En sus declaraciones ante la juez tanto los concejales como la entonces secretaria ratificaron que en el censo aparecieron personas que habían fallecido, funcionarios que debían representar a la Administración en las elecciones o vecinos que eran candidatos o estaban gravemente enfermos.