La Comisión Europea inició ayer un procedimiento formal de infracción contra España por vulnerar la normativa europea sobre protección ambiental en el desarrollo del proyecto urbanístico Origo Mare en Majanicho, en el municipio de La Oliva, que se aprobó sin los informes previos necesarios.

Así lo reflejó la CE en su paquete mensual de infracciones, en el que esta vez la Comisión ha llamado la atención a España y le ha pedido que garantice que las construcciones ilegales regularizadas de acuerdo a la legislación regional cumplen con las reglas europeas.

La comunicación oficial ha destacado que el plan urbanístico de Majanicho incumple dos directivas: la de evaluación de impacto ambiental (2011/92/EU), que exige la elaboración de un informe previo a su desarrollo, y la de hábitat (92/43/EEC), que requiere una evaluación de impactos sobre las "Áreas de Protección Especial".

Según ha informado a Efe la portavoz del área de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Iris Petsa, la construcción del complejo turístico Origo Mare supone la instalación de villas de lujo en un área "parcialmente localizada" en la costa del norte de Fuerteventura (incluida en la Red Natura 2000).

Aunque este proyecto fue "declarado nulo e invalidado por los tribunales españoles", por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 2006, que anuló el plan parcial, la CE ha explicado que "las obras continuaron bajo un proyecto modificado", por lo que ha decidido abrir el procedimiento formal de infracción. España tiene dos meses para contestar a la Comisión, y de no hacerlo esta podría enviar un dictamen motivado o unasegunda carta de advertencia.

El plan parcial 'Casas de Majanicho' ha estado envuelto en polémica desde que en diciembre de 2000 el Ayuntamiento de La Oliva, siendo alcalde González Arroyo, aprobó en sesión plenaria, con los ocho votos favorables del Partido Popular (PP) y cinco en contra de los ediles de CC y PSOE, el mencionado plan urbanístico, a pesar de que no contaba con los informes técnicos pertinentes y que se había vulnerado la participación pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación. Ante esta aprobación, los ecologistas de Agonane presentaron la correspondiente denuncia ante el TSJC que les dio la razón.