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Tribunales 'Caso Botavara'

Los guardias civiles de la droga de El Cotillo se enfrentan a 130 años de cárcel

La Audiencia Provincial inicia el 7 de mayo la vista oral contra 13 personas, entre ellas seis funcionarios

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Llegada a los Juzgados de los guardias civiles implicados en la Operación Botabara

Los seis agentes de la Guardia Civil de Fuerteventura acusados presuntamente de tratar de introducir casi una tonelada de droga en El Cotillo se enfrentan a una pena de poco más de 129 años de prisión y a una multa de más de 14 millones de euros. Los miembros del instituto armado y una veintena de particulares se sentarán en el banquillo de los acusados dentro de una decena de días para responder al llamado 'caso Botavara', donde un total de 21 personas, entre ellas nueve miembros de la Benemérita, fueron detenidas o imputadas en febrero de 2013.

Se acerca la fecha de uno de los juicios más relevantes no solo de Fuerteventura sino dentro del cuerpo de la Guardia Civil en Canarias. El próximo siete de mayo arranca la primera jornada de la vista oral que tendrá lugar en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Allí, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo, como presidenta, Nicolás Acosta y Pilar Verasteguí, juzgarán a trece procesados, de los que seis son agentes del instituto armado, por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal, contra el derecho individual a la inviolabilidad del domicilio, cooperación con organización criminal, falsedad en documento oficial, amenazas, torturas y obstrucción a la Justicia.

Durante 26 jornadas se extenderá este juicio que concluirá el próximo 28 de junio. La Sala ha facultado a los testigos que residen en la isla majorera y así lo deseen, para evitar desplazamientos con los gastos económicos que ocasiona, que comparezcan por videoconferencia desde la sede de los Juzgados de Puerto del Rosario.

Los hechos tienen su origen en la madrugada del día 20 de febrero de 2013 cuando se detecta la llegada de una embarcación tipo zodiac cargada de 29 fardos de hachís que contenían un peso de 841,78 kilogramos, que embarrancó en la costa del El Cotillo, en el municipio norteño de La Oliva. Al día siguiente por la tarde, se detuvo a cinco agentes del Puesto de la Guardia Civil de Corralejo implicados en los hechos, dos de ellos mientras transportaban parte de los paquetes de droga. Posteriormente siguieron las detenciones hasta llegar a 21 los detenidos, 20 imputados por diferentes delitos, de los cuales nueve son agentes del instituto armado y el resto civiles. La venta en el mercado ilícito de estupefacientes hubiera alcanzado un valor de 1.232.365,92 euros.

Los procesados que deberán comparecer en la vista oral son los agentes Yeray M. A., Daniel Manuel T. D., José Tomás C. M., Sergio V. R., David . P. y Serafín E. M.. Además de los civiles Oscar Jonay C. L., Marcelino T. H., Miguel Ángel G. C., Eduardo G. C., Abdelfattah B., Santiago Sebastián R. M. y Lara Luz S. S.

La fiscal Azucena Oti considera que los procesados formaban parte de una organización criminal integrada por los agentes junto al ciudadano marroquí Abdelffatah B. y el vecino de Eduardo G. C.. Además, recoge en su escrito que en la banda existían unos cometidos asignados a los procesados y su correspondiente rol, con carácter estable "José Tomás era el cerebro de la organización criminal, planificaba y organizaba la ejecución de los delitos". Además, añade, que "Yeray M. A. también se ubicaba en la cúspide de la organización criminal, tenía encomendada la función de ejecutar los delitos, mientras que Sergio V. R. y David D. P., se encontraban subordinados a los anteriores. Llevaban a cabo una labor de apoyo en las actividades delictivas ejecutadas en el seno de la organización criminal y daban cobertura a las mismas".

Más contundente se muestra la representante del Ministerio Fiscal al señalar que los cuatro agentes anteriormente citados, se prevalecían, en el seno de la organización criminal, "de su condición de guardias civiles, y portaban armas, de las cuales llegaron a hacer uso para el logro de sus fines delictivos en el seco de la organización criminal".

Del resto de los dos agentes procesados, Daniel Manuel T. D., la fiscal Oti Cabanelas considera que "era un miembro activo de la organización criminal, pudiendo llevar a cabo labores de ejecución, de apoyo o seguridad en la ejecución de los delitos", mientras que Serafín E. M. "cooperó en la recuperación de la parte de estupefacientes que había caído al mar".

Estrategia

Estrategia

Las defensas de Yeray y José Tomás han solicitado recientemente que se altere el orden de la práctica de las pruebas en el acto del juicio, y, en concreto, que se practiquen primero todas las testifícales y prueba de cargo, en que sustenta la Fiscalía la acusación, principalmente los testimonios de los policías que llevaron a cabo la investigación, para después de ello practicar el interrogatorio de los acusados. Lo normal es que en cualquier vista oral primero se practique la declaración de los acusados, después los testigos y los peritos, pero la Ley Enjuiciamiento Criminal, permite cambiar dicho orden, siendo ello una facultad de la Sala sentenciadora.

De admitirse esa petición, los acusados podrán escuchar primero todas las testifícales, especialmente la de los policías en que se sustenta la acusación, para después de las pruebas declarar ellos. Lo solicitado entra dentro la estrategia procesal y todo hace pensar que los letrados de la defensa lo hacen para tras escuchar todo lo que se diga en su contra, proceder a declarar, pese a que hasta ahora han venido acogiéndose su derecho a no declarar.

Además, cinco de los seis guardias civiles han presentado un peritaje elaborado por profesionales privados donde se detecta la existencia de varias irregularidades en las diversas intervenciones de sus teléfonos móviles. Algunos de los letrados de los agentes aseguraron a este periódico que de las transcripciones realizadas se pueden detectar frases que no se localizan en las grabaciones originales y que existen audios que han sido editados a posteriori.

El coronel de la Guardia Civil, Ricardo Arranz, declaró el 27 de marzo de 2013, en el transcurso de la rueda de prensa donde se dio a conocer los detalles de la operación policial llevada a cabo en la isla majorera y, concretamente en el municipio de La Oliva, que los detenidos por la ' operación Botavara', "era un grupo delictivo importante en el norte de Fuerteventura, al que la gente le tenía miedo. Esta operación ha sido la más grave de este tipo ocurrida en Canarias".

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