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Entrevista | Tomás Fernández de Paiz

"Cada día aumentan las denuncias contra las instituciones públicas en la Isla"

"El número de delitos relacionados con el medio ambiente y la investigación son bastante elevados" informó el fiscal de Delitos Económicos de Fuerteventura

El fiscal Tomás Fernández de Paiz, en su despacho.

El fiscal Tomás Fernández de Paiz, en su despacho. FUSELLI

¿Cuanto tiempo lleva al frente de la Fiscalía de Delitos Económicos de los partidos judiciales de Arrecife y Puerto del Rosario?

Desde que se creo la especialidad, creo que pudo ser en 2010 o 2011. Primero estuve en el partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y después vine a Fuerteventura. Es decir , sobre siete u ocho años llevo en la isla y, además, encantado.

¿Qué situación se encontró a su llegada a la isla?

Desde el punto de vista humano la mejor de todas, pero contrastó con el punto de vista judicial donde habían muchas causas pendientes por motivos varios y los procesos no caminaban. Entiendo que la causa era la falta de estabilidad o al no existir siempre el mismo juez y fiscal había ralentizado las mismas a niveles insospechados. Hoy por hoy hemos corregido esa situación razonablemente.

¿Cuáles son los delitos económicos más frecuentes en Fuerteventura?

Cómo su propio nombre indica los relacionados con los números. Ha habido muchos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, pero también está relacionado con delitos en el seno de las empresas o delitos societarios, o bien delitos como consecuencia de impagos y no querer nunca, es decir un delito alzamientos de bienes, gente que pudiendo pagar no quiere pagar y esconden los bienes para aprovecharse y perjudicar al legítimo acreedor.

¿Cuál es el papel de la Fiscalía para luchar contra esos delitos?

Al estar especializado y tener más formación en ese tema lo que trato es llegar al fondo de la cuestión y acortar plazos. Es decir tratar de llegar a la denominación del hecho y la identificación del responsable para exigir conforme a la ley las penas lo más rápido posible o por lo menos en la medida en que legalmente sea posible.

¿Con qué medios cuenta la Fiscalía para luchar contra estos delitos?

Primero, con trabajo y muchas horas de despacho incluso a costa de la familia y, segundo, porque se ha hecho una inversión significativa en nuestro sistema informativo. Además contamos con la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y con administraciones e instituciones, como la Estatal, Agencia Tributaria o Aduanas, que pueden emitir informes y pruebas que son determinantes para llegar al esclarecimiento de los hechos.

¿Qué casos traen de cabeza a la Fiscalía en Fuerteventura?

De cabeza no nos trae nada porque creo que si nos metimos en esto es porque queremos luchar contra cualquier tipo de problemas, sea grande o pequeño, y demostrar al ciudadano que puede confiar en nosotros como institución democrática y constitucional que somos, pero claro, a veces te encuentras que hay determinadas cosas que estas arraigadas y si están mantenidas en el tiempo pues requiere un tiempo para desarraigarlas y por lo menos trasladar la perspectiva que se está haciendo algo con este tipo de problemas en Fuerteventura.

En la isla lo que he detectado es que hay muchas cosas que bien por ignorancia o bien por deliberada intención han funcionado de una manera distinta a como lo estipula la ley. Ahora, se está dando un mensaje de qué o corregimos esto, o es que no has actuado conforme a la ley, y esto requerirá como mínimo una investigación y ya se verá si hay responsabilidad penal.

En los últimos tiempos han salido a la luz bastantes casos de corrupción en las instituciones de Fuerteventura. ¿Se ha agrandado ese nivel de corrupción?

No se si se ha agrandado o que antes no se detectaba, pero desde luego en algo es sintomático. En pocos sitios donde nos han denunciado cosas no hemos encontrado resultados, y todo lo que se está denunciando, a nuestros intereses y a nuestro juicio, se está encontrando indicios suficientes para seguir adelante. Esto no quiere decir que todas las administraciones están bajo sospecha, ni que todas las personas que trabajan en las instituciones sean sospechosas, pero si que las denuncias que están llegando en todo tipo de ámbito están teniendo su recorrido y va a más.

¿Hasta que punto influye la política en las decisiones de la Fiscalía? ¿Cuál es su visión de la relación entre la Justicia y la política?

Nosotros por mandato imperativo y constitucional somos manifiestamente independientes. Nosotros no admitimos ni tenemos ningún tipo de presión en ninguna actuación y menos si cabe del investigado bien sea éste político, carnicero, charcutero, fiscal o conductor de guaguas.

¿Se ha acostumbrado la gente a denunciar más los delitos o situaciones que se consideren irregulares no sólo en la vida política sino en la sociedad en general?

Existe más sensibilidad a partir de la experiencia traumática que se ha sufrido por la crisis económica. La gente se ha acostumbrado a que no podemos vivir aquí en un territorio jauja, sino que a la gente responsable se le respeta pero a los que son irresponsables hay de alguna manera que señalarlo e identificarlo y, que al menos la Fiscalía lo investigue para conocer si realmente esta persona esta haciendo las cosas bien o mal. A partir de ahí, ha habido un efecto llamada. Cada vez nuestro trabajo es más visible y la gente acude más a nosotros porque esta claro que los números están creciendo en cuando a nuestra actividad en la Fiscalía.

Otros de los delitos que sufre la isla son los relacionados con el medio ambiente.

Hoy por hoy tenemos una compañera francamente buena y comprometida con la materia, especializada en el tema. La verdad por lo que yo sé y por los números que tenemos, no se si antes no se investigaba tanto o que ahora se investiga más, pero desde luego el número de delitos e investigación en esta materia es bastante elevado en comparación con otros tipos de delitos.

¿Se habla de colapso de la Justicia. ¿Comparte usted este termino?

Sí, porque creo que la Administración de Justicia es la hermana pobre o fea. La idea que tenemos nosotros y por eso últimamente hemos tenido una serie de reivindicaciones es que queremos romper el binomio justicia anticuada o justicia lenta. Queremos que la Justicia sea eficaz, practica y propia del siglo XXI y ello esta en relación con los medios que tenemos a nuestra disposición. Hoy por hoy un fiscal tiene una media de 3.000 a 4.000 asuntos al año. Muchos temas son de puro trámite, porque uno va al medico porque tuvo una caída, hace un parte medico que por ley se remite al Juzgado y se abre el procedimiento. Al no haber nada irregular se sobresee, pero otros temas pueden ser una corrupción urbanística con ayuntamientos por medio o de violencia de genero. Al final todo esto se refleja en los números o estadísticas.

¿Es necesario modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dotar a los fiscales y a la Justicia en general de una tramitación más ágil?

Creo que al margen de las sensibilidades y posiciones que pueda tener cada uno con respecto a este tema, lo que no tiene ningún sentido es que una ley del siglo XIX sea quien maneje los procedimientos del siglo XXI. Entonces, a partir de ahí ha habido distintas posturas para adaptar esa ley a los tiempos actuales. Cual es la mejor, eso es lo que se esta discutiendo pero necesita una adaptación y renovación absoluta a los tiempos que corren. Que la Fiscalía lleve la instrucción si lo consideran pertinente y oportuno bien, que no, pues nada. Lo que no podemos dar el mensaje es que se trata de cambiar el cuerpo de fiscales en sentido de personas, porque al fin y al cabo no es que el fiscal lo hace mejor que el juez. Se trata de un cambio de perspectiva, de una investigación de otra manera. De otros plazos más cortos y mejores resultados en cuanto al tiempo, no estamos discutiendo que los jueces lo hagan, es otra manera de entender la Justicia de acuerdo con el sistema europeo.

La Fiscalía puede actuar de oficio. ¿Cuáles son los temas que más se denuncian?

Se puede denunciar cualquier cosa y de todo. La gente acude a Fiscalía cuando el tema tiene un magnitud considerable o requiere algún tipo de especialidad. Por ejemplo, el tema de urbanismo y medio ambiente se esta denunciando bastante porque requiere observar expedientes, tener conocimientos específicos de la materia, comprobar en el terreno que es cada cosa, y en los temas económicos también se denuncia bastante y se requiere analizar las contabilidades, las sociedades, el funcionamiento, qué se defraudó, que ejercicio fiscal fue?. Las cosas complicadas son las que se puede denunciar. Las cosas sencillas robos, agresiones sigue siendo canalizados por los Juzgados.

¿Cómo evalúa la colaboración ciudadana en los delitos de corrupción?

La gente cada vez es más sensible y denuncia, pero también es cierto que tiene miedo y respeto a la Justicia y, es cierto, mi experiencia me dice eso. En los primeros términos la gente habla y cuenta pero a medida que el procedimiento va avanzando la gente suele ser mas comedida o mas olvidadiza. Por eso, a nosotros nos interesa que el procedimiento respetando las garantías tenga la velocidad que tenga que tener y no más allá para que la respuesta sea la mejor posible.

La isla viene reivindicando desde hace tiempo un Palacio de Justicia para concentrar todos los Juzgados, la Fiscalía y demás organismos judiciales. ¿ Parece que está más cerca ya que el Gobierno ha convocado el concurso de ideas?

Es lo más rentable y no quiero meterme donde no me llaman. Por lo que yo sé varios de los Juzgados que se encuentran fuera del actual edificio principal son arrendados y la cuantía a abonar no es muy barata. Lo más sensato y mejor para el ciudadano es que todo se centralice en un mismo sitio, porque la gente mucha veces no sabe si es en este u otro Juzgado y se les somete a ciertas molestias teniendo que deambular de un lugar a otro. Además, ahorramos todo si el nuevo inmueble pasa a ser propiedad y no hay que pagar alquileres eternos.

¿Cree que la Justicia está cercana al ciudadano?

Todavía no pero estamos en proceso. Cada vez hay un mayor acercamiento y cada vez la gente, por la formación que va alcanzando y porque se asesora mucho, aunque también los medios de comunicación realizan en muchas ocasiones una labor pedagógica en este sentido. Creo que va habiendo un acercamiento de posturas, una comunicación de conocimiento y creo que la gente se siente más cercana a la Justicia, aun todavía queda mucho camino por recorrer, pues la verdad hoy por hoy se sigue pensando que Justicia es igual a problemas, Justicia igual a lentitud y Justicia igual a absoleta y arcaico.

¿Y para cambiar esa opinión de la Justicia?

Hay que invertir y se está haciendo. La sensación cada vez es mejor pero hay que seguir en esa línea de más y mejores medios, mejor comunicación y también apostaría, por actividades formativas para que la gente, los medios de comunicación, centros escolares e incluso los profesionales se acerquen a las instituciones judiciales y observen como funciona, qué es cada cosa y como son. Luego a la hora de emitir un juicio tendrían una posición más cercana a lo que realmente ocurre en los Juzgados y luego cada uno, discrepará por una razones u otras, estarán o no de acuerdo pero acercar posturas siempre permite un dialogo y con ello sensibilizar más a las personas en relación con la Justicia.

¿Debería existir la puerta giratoria en la Fiscalía y con ello evitar que fiscales se incorporen a despachos de abogados y luego regresan a la Fiscalía para acusar a personas defendidas por esos despachos?

Yo he recibido algún tipo de oferta en ese sentido y he renunciado. Aunque es legítimo, puedes tener cambios en el trabajo en un sentido u otro. A título personal creo que esto es una profesión vocacional y cuesta llegar a un sitio como este. Lo lógico es que uno persista en la carrera, esta es mi intensión a día de hoy y me gustaría que también fuese la de la mayoría de mis compañeros. Si luego hay, por diversas circunstancias por la que se prefiere estar fuera y mientras no interfiera y respete la ley, no hay problemas.

Visto lo visto, ¿su vida ha estado vinculado a la Justicia desde muy temprana edad?

Es cierto. Mi padre, Rafael Fernández Valverde es vocal y magistrado del Tribunal Supremo. Mi hermano Rafael, también es fiscal aunque en excedencia , porque es el jefe de formación de los jueces a nivel de España y está en el Consejo General del Poder Judicial. Mi mujer es fiscal y mi cuñada también. Como verá, mi vida ha estado vinculada a la Justicia porque he dedicado mi vida al Derecho y la Justicia desde las distintas responsabilidades que he ido asumiendo a lo largo de mi carrera.

Le puedo asegurar que los fiscales somos los garantes de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. De todos por igual.

¿Cree que tras la sentencia del caso la Manada hay respeto a la Justicia?

Afortunadamente, hoy en día la gente es libre para hacer lo que quiera pero siempre asumiendo la responsabilidad de sus actos. En este caso, creo que hay desconocimiento, lo que no sé es si es interesado o no. Lo digo porque cuando alguien va al médico porque le duele algo y no le gusta el diagnóstico lo que suele ocurrir es que va a otro médico distinto a pedir una segunda opinión técnica, no a organizar manifestaciones en la puerta de la consulta médica. ¿Por qué aquí no ha ocurrido lo mismo? Todo el mundo está en su derecho de expresarse y manifestarse pero lo lógico es que primero se conozca bien, incluso asesorándose por técnicos en la materia, aquello por lo que se protesta o se está disconforme y si no se sabe, como suele ocurrir en el ejemplo del médico, lo que sería saludable desde el punto de vista democrático, es respetar al que sabe. La sentencia está dictada por tres Magistrados de más de 20 años de trayectoria profesional, motivada en 426 folios, incluyendo el voto particular, y haciendo un análisis pormenorizado y motivado de cada extremo controvertido, que ha llevado a su vez varios meses de trabajo. Como tal, la sentencia se ajusta a la legalidad vigente que los Magistrados, dentro de sus facultades de conocimiento de la norma y valoración de la prueba, consideran ajustada a los hechos que han resultado probados. A partir de ahí y tratándose de una sentencia dictada en primera instancia, nuestro modelo judicial ofrece un sistema de recursos para las partes que permitiría alterar, en su caso, el fallo de la misma, pero en los dos sentidos. Es decir que los recursos, de haberlos, podrían llevar a que las penas se suban, cambiando o no la calificación jurídica, es decir pasando a agresión sexual o quedándose en abusos sexuales, o, por el contrario, a que incluso se absuelva a los ahora condenados.

Por sus palabras, los magistrados han aplicado la ley.

Sí. Hay que subrayar que los magistrados aplican la ley, no la crean, por lo que las "reglas de juego" son las que son y ello implica que lo que pueden hacer y no hacer estos juristas de reconocido prestigio está tasado y ha de responder, necesariamente, a ese marco legal fijado por el Parlamento a través de los representantes que elegimos todos.

Si se consiguiese explicar a la opinión pública cuáles son los argumentos jurídicos, que en este caso son técnicos y no semánticos, para distinguir una figura penal de otra quizás la resolución se siga sin compartir pero quizás se entienda por qué se ha dictado o dónde están los motivos que han llevado a dictar esta resolución. Por otro lado, no nos olvidemos tampoco que estas personas han sido condenadas a 9 años de prisión y que matar a una persona está castigado con una pena que oscila entre los 10 y los 15 años. Lo que quiero decir con esto es que las leyes son las que son y con fundamento en ellas los jueces las aplican. Permítame el refrán: si no nos gusta el mensaje, no matemos al mensajero. Digo esto siendo Fiscal y conociendo que mi compañera acusó en este asunto por delito de agresión sexual, y no de abuso, y pidió 18 años de prisión por ello.

Hemos de recordar que la Justicia es un poder del Estado que requiere independencia, no solo de los otros poderes, Legislativo y Ejecutivo, sino también de los medios y de la presión pública.

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