Las oposiciones para ingresar en el cuerpo de bomberos de La Oliva ha recibido un nuevo varapalo judicial. La Justicia ha acordado la suspensión de las pruebas de selección que habían sido convocadas para la jornada de hoy al considerar que no han sido notificados por el Ayuntamiento de La Oliva los 72 opositores con derecho a participar en este proceso. Once años después de su celebración este proceso continúa enredado en los Juzgados.

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alfonso Silos López de Haro, admitió la denuncia interpuesta por dos de los opositores y ordena la suspensión del calendario selectivo propuesto por el Tribunal Calificador y aprobado por el Consistorio majorero, hasta que se acredite la notificación personal a todos los que fueron parte en el proceso selectivo anulado y una vez conste la citada notificación, se proceda a una nueva convocatoria.

Este conflicto tiene su origen en septiembre de 2007 cuando el Ayuntamiento de La Oliva inició el proceso de oposiciones públicas para la selección de 13 bomberos. Los aprobados tomaron posesión de sus cargos en diciembre del citado año. Sin embargo, varios opositores denunciaron fraude e irregularidades durante los exámenes. Tras presentar un recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) invalidó una de las pruebas de las oposiciones al haber detectado que hubo una filtración de las respuestas a los aspirantes que finalmente se hicieron con la plaza de funcionarios. El TSJC acordó retrotaer el proceso selectivo al examen teórico.

Sin embargo, el Consistorio, a pesar del tiempo transcurrido y de la sentencia en firme, no cumplió la decisión judicial a pesar que durante este tiempo han pasado varios alcaldes por el Ayuntamiento. Además, por este motivo se encuentran imputados la exalcaldesa Claudina Morales, que era la presidenta del Tribunal, así como dos exconcejales y varios funcionarios públicos.

Además, en reiteradas ocasiones el juez ha requerido a los distintos alcaldes el cese de los bomberos que aprobaron de forma irregular y a retrotraer el proceso a la prueba teórica. Sin embargo, desde el Consistorio se ha hecho caso omiso a pesar de los apercibimientos sobre responsabili- dades penales en caso de incumplimiento.

Desde el Grupo de Gobierno de La Oliva, conformado por CC, NC y PPM, se señala que desde que tuvo lugar el examen recurrido en 2007, y la sentencia del TSJC en 2013, "este grupo de gobierno, que tomó posesión en mayo de 2017, ha sido el único que ha tratado de aportar una solución en estos años, frente a gobiernos anteriores, y frente a otros actores que se dedican a entorpecer el proceso".

El gobierno municipal considera que ha cumplido con los requisitos de notificación. "El Departamento de Personal siguió el mismo proceso con los 72 aspirantes, de los que se consiguió dar por informados a todos menos a 18. Además, se procedió a publicar la convocatoria oficialmente en el Tablón de Edictos, en la web corporativa y comunicados de prensa".