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Tribunales

El juez archiva la denuncia contra la junta del Consejo Insular de Aguas

No advierte la perpetración de ningún delito de prevaricación. Entre los investigados se encontraba el expresidente del Cabildo, Mario Cabrera

El juez archiva la denuncia contra la junta del Consejo Insular de Aguas

El juez archiva la denuncia contra la junta del Consejo Insular de Aguas

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Puerto del Rosario, José Manuel Salto Martín, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa que se había abierto contra los miembros de la junta del Consejo Insular de Aguas por un delito de prevaricación omisiva. Contra la citada sentencia cabe recurso de reforma.

La Fiscalía había denunciado a todos los miembros de la junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas (CIA) que en la sesión de 8 de junio de 2007, aprobaron la legalización de una estación desaladora de agua de mar para autoabastecimiento de un hotel en la zona de Los Gorriones, en el municipio turístico de Pájara. La citada potabilizadora se encontraba funcionando desde hacía años aunque no disponía de las correspondientes autorizaciones administrativas para realizar la actividad. Tenía una capacidad diaria de desalación de 400 metros cúbicos en cada una de las dos líneas de captación de agua.

El fiscal consideró que la citada Junta del CIA no tramitó el correspondiente expediente sancionador contra la explotación que venía funcionando presuntamente de forma irregular y, sin embargo, posibilitó su legalización con el acuerdo adoptado.

El citado órgano de control del CIA estaba formado en aquel tiempo por Mario Cabrera (presidente del Cabildo de Fuerteventura), Manuel Miranda (consejero insular de Aguas), Francisco Rodríguez Ballori (en representación del Gobierno de Canarias), Álvaro García, Domingo González Arroyo, Javier Mesa, César Castañeyra, Guillermo Concepción, Blas Acosta, Antonio Boix, Bienvenida Morales, José González Moreno, Manuel Sánchez Velázquez, Antonio Martínez, Pedro Damián Hernández, Sebastián Mayor, Armando Melián, Adolfo Perdomo, Pedro Carreño y Cirilo González.

Dichos miembros representaban en el Consejo a determinados estamentos, desde el Cabildo de Fuerteventura, ayuntamientos, empresas de gestión de servicios públicos de agua, entidades y titulares de aprovechamiento hidráulicos, organizaciones agrarias, empresariales, sindicales, consumidores y usuarios.

El juez Salto Martín abrió diligencias previas, investigó numerosa documentacióny tomó declaraciones a las personas que formaban parte del mencionado órgano de decisión del CIA y que habían sido citados como investigados.

Los los miembros de la junta de gobierno investigados, declararon ante el juez que adoptaron la decisión de autorizar la mencionada estación desaladora en base a los informes técnicos y jurídicos que avalaban dicho acuerdo.

El origen de este caso se localiza en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la producción de agua en Fuerteventura en el periodo 2007-2011. La consejera popular Agueda Montelongo puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía

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