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Tribunales

La Audiencia acuerda reabrir el caso de la explotación de hamacas en Corralejo

La Fiscalía había investigado a un centenar de personas y a 16 empresas. Clanes familiares controlaban las pujas para que la oferta más baja lograra la adjudicación

La Audiencia acuerda reabrir el caso de la explotación de hamacas en Corralejo

La Audiencia acuerda reabrir el caso de la explotación de hamacas en Corralejo

El llamado caso hamacas, donde la Justicia investigó el amaño en los concursos de explotación de servicios en el litoral de La Oliva, recobra de nuevo la actualidad a pesar de haber sido sobreseído. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el grupo político Votemos y requiere al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario para que resuelva el recurso inicial sobre el archivo de la citada causa, bien para que confirme el sobreseimiento o reabra el caso. La Fiscalía había hallado los delitos de cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos o, subsidiariamente, varios delitos de estafa.

Este caso judicial saltó a la luz pública tras el intento de soborno de dos empresarios al portavoz de Votemos, Álvaro de Astica, en 2016, para que intercediera en la Mesa de Contratación en la adjudicación de un lote de hamacas y chiringuitos en las playas de Corralejo. Tras la detención de los presuntos autores del soborno, así como la investigación de la Brigada Local de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la denuncia de Astica ante la fiscal Azucena Oti Cabanelas, esta ordenó investigar a casi cien personas vinculadas al caso. El Ministerio Fiscal aprecia durante la investigación del caso graves daños al erario municipal.

El modus operandi era que numerosas personas, en su mayoría vinculadas a diversas familias, controlaban los concursos y pujas de los sectores de explotación de los servicios de hamacas y kioscos en el litoral de Corralejo y El Cotillo. Los miembros de las familias y empresas se presentaban a los concursos, pujaban y luego, según los intereses que representaban, se retiraban para que se adjudicara el lote a la oferta más baja, que siempre estaba vinculado a los clanes que competían.

El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, José Luis Ruipérez Marín, sobreseyó el caso en septiembre de 2017. Contra esta decisión judicial, Votemos presentó un recurso de reforma que también fue inadmitido. Además, las defensas consideraron que la acusación popular no estaba legitimada porque presentó el recurso fuera de plazo.

Sin embargo, el grupo Votemos interpuso un recurso de apelación ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial que sí estimó el recurso al considerar que la parte apelante se personó con antelación al auto de sobreseimiento y "su personación como acusación popular no fue en ningún momento discutida". Ade-más, el auto judicial recoge que la acusación popular prestó en tiempo y forma la fianza requerida de 3.000 euros".

El litoral de La Oliva se encuentra repartido en doce lotes destinados a la explotación de los servicios de kioscos y hamacas, que fueron adjudicados en julio de 2015 por un periodo de cuatro años.

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