El Cabildo de Fuerteventura rechaza proteger y declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) a más de un centenar de viviendas del casco urbano del viejo Puerto Cabras. La iniciativa del doctor en Historia, Carmelo Torres, al que se unieron posteriormente numerosas personas a través una plataforma popular, ha sido desestimada por los servicios jurídicos de la Corporación insular al considerar que la propuesta no reúne los requisitos exigidos para la citada catalogación. La iniciativa había causado un enorme revuelo no sólo político sino social y empresarial, no en vano muchos propietarios de estas casas mostraban su disconformidad ante el nivel de protección que podrían tener sus inmuebles.
Carmelo Torres presentó el pasado dos de febrero en el Cabildo majorero, a nombre de la Plataforma Salvar Puerto Cabras, su propuesta para proteger los escasos restos urbanos de la antigua capital. Sin embargo, su solicitud fue rechazada por no acreditar su representación del mencionado colectivo. Posteriormente, a finales del pasado marzo registró una nueva petición para la incoación de expediente para la declaración de BIC, con la categoría de Conjunto Histórico. Inicialmente eran 75 inmuebles a proteger y, más tarde fue incorporando inmuebles susceptibles de protección hasta llegar a las 140 viviendas e incluyendo además, otros elementos históricos como hornos de cal, el viejo cementerio, una molina, el aljibe de agua ubicado en el barrio de La Charca, la salinas del Viejo o de Puerto Cabras, que todavía conserva restos en el barrio del Charco, incluso varios puentes que datan del siglo XIX.
El historiador Torres también incluyó en su relación de inmuebles a proteger la casa que alberga el Museo Miguel de Unamuno, el edificio del Cabildo de Fuerteventura y de la Delegación del Gobierno, así como la iglesia católica.
Torres señaló ayer a este periódico que siguió los pasos que le dio el técnico de Patrimonio Cultural, Ignacio Hernández, "incluso incorporando otros inmuebles que no estaban en el dossier". Por ello, se siente "engañado". "Me comentó que si faltaba alguna referencia o la identificación de algún propietario, lo haría él", asegura. Sin embargo, tras serle notificada la resolución, "firmada por él y su esposa", sospecha que quiso entretenerle "para que transcurrieran los días" que le habían dado para corregir la documentación.
El doctor en Historia también añadió que no entiende como "viendo el riesgo que corre el patrimonio histórico de la capital, los propios técnicos del Departamento de Patrimonio Cultural no actúan de oficio como funcionarios públicos que son para hacer cumplir la ley". "Ellos se deben al interés general y no a defender los intereses de algunos propietarios de las casas que se pretendía proteger", apuntó.
Por su parte, el consejero insular de Patrimonio Histórico, Juan Jiménez, considera que la capital dispone de inmuebles "susceptibles de ser protegidos por su alto valor histórico".
