Los dos hoteles gestionados por la cadena SBH en Costa Calma esperan revocar en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) las órdenes de precinto municipal y de multa de 30.000 euros que pesan sobre los negocios.
Los responsables jurídicos de la empresa Fuert Can SL aclaran que las sanciones no son por la falta de las licencias de apertura, sino por la de "actividades clasificadas", una documentación que "no es esencial", tal como acredita el hecho de que los dos establecimientos lleven 30 años en funcionamiento, aseguran los letrados.
La plantilla de los hoteles, que están vinculados a la familia Pérez Saavedra, cuenta con más de 200 trabajadores. En la actualidad ambos negocios funcionan con normalidad, aunque sus responsables lamentan el perjuicio y la incertidumbre generada por el Ayuntamiento de Pájara, sobre todo porque "no ha ocurrido nada en 30 años" y "estamos aportando toda la documentación exigida", añaden desde la compañía.
El Ayuntamiento de Pájara, primero mediante decreto del alcalde, Rafael Perdomo, y luego por acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptó las medidas sancionadoras contra los hoteles Mónica Beach y Taro, pero los abogados han recurrido tales decisiones para dejarlas sin efecto.
El pleito lo tramita el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Su magistrado titular, Ángel Teba García, ha denegado la medida cautelar de suspensión de las sanciones, pero los letrados de los hoteles preparan la apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). También han recusado al alcalde de Pájara porque está inmerso en investigaciones penales que supuestamente guardan relación con los hechos.
Los afectados por la actuación del Ayuntamiento destacan que el magistrado Ángel Teba García todavía no ha entrado en el fondo del asunto, motivo por el que tampoco cabe realizar la "presunción" de que la Justicia avale la decisión municipal de precintar los establecimientos hoteleros.
El juez, en su auto, da algunas pistas del motivo por el que mantiene las medidas del Ayuntamiento de Pájara. Sostiene la autoridad judicial que la falta de una licencia no puede suplirse con el paso del tiempo y, además, la exigencia de ésta no es una sanción en sí misma, sino una actuación necesaria para restablecer la legalidad vulnerada que debe acordarse de manera inmediata.
El magistrado tampoco revoca la multa porque se trata de una cuestión patrimonial que no afecta a la finalidad del recurso, pues la cantidad impuesta puede ser devuelta a la empresa si ésta finalmente gana el pleito o los 30.000 euros de sanción finalmente resultan injustificados.
Falta todavía, por tanto, que el juez dicte su primera sentencia y que el TSJC se pronuncie sobre las medidas cautelares denegadas, un recurso en el que trabajan los letrados que representan a los hoteles, con un plazo de 15 días para formalizarlo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Y mientras la justicia entra en el fondo del pleito, la controvertida decisión municipal aviva el enfrentamiento entre las familias majoreras y llega hasta instituciones públicas, formaciones políticas y entidades empresariales.
Enfrentamientos estériles
Tras conocerse la imposición de las sanciones, el secretario general de Coalición Canaria (CC), Mario Cabrera, pidió a sus compañeros de Pájara que busquen soluciones alternativas para desbloquear la situación, con la finalidad de evitar "enfrentamientos estériles".
Algo parecido hizo el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, que convocó una reunión con sindicatos y patronales, todo ello a instancias del empresario Gregorio Pérez, preocupado por las decisiones del Ayuntamiento de Pájara y la repercusión sobre sus negocios.
El empresario, tras los precintos y la multa, denunció una campaña de persecución por parte del Consistorio. No es la primera vez que afronta situaciones controvertidas. Hace unos años fue víctima de una extorsión perpetrada por dos italianos, un serbio y un argentino que querían cobrar la comisión pendiente en la venta de un hotel. El caso acabó con penas de cárcel para la banda de chantajistas.
