El juicio de la operación Botavara, tras tres suspensiones en lo que va de año, ha comenzado este lunes en la Audiencia de Las Palmas con una batería de nulidades presentadas por las defensas, desde la vulneración del secreto de la comunicaciones hasta la supuesta manipulación de pruebas para perjudicar a los 13 procesados, entre ellos cinco guardias civiles acusados de liderar una organización criminal que introducía hachís en Fuerteventura.

Las abogados defensores, tras exponer los motivos de nulidad, han planteado al tribunal que los resuelva antes de comenzar formalmente el juicio, pues están convencidos de que se han vulnerado derechos fundamentales de los acusados, los cuales serían sometido a un nueva "pena de banquillo" si arranca la vista oral y la sentencia anula luego las actuaciones. El juicio se extenderá durante las próximas tres semanas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. De ahí la petición de resolver las cuestiones previas lo antes posible.

La Fiscalía de Las Palmas, que se opone al nulidad de las escuchas y al resto de impugnaciones, acusa a los agentes le de introducir una partida de 841 kilos de hachís en Fuerteventura. La droga, que está valorada en 1,23 millones de euros, fue desembarcada en la madrugada del 20 al 21 de febrero de 2013, en la playa del Cotillo, al norte de la isla majorera.

Según al escrito de acusación del ministerio público, la organización estaba liderada por el guardia civil José Tomás C. M., considerado "cerebro" del grupo por el fiscal, con la ayuda del agente Yeray M. S. Por eso se enfrentan a las condenas mayores que se solicitan en la causa: el primero se expone a 31 años y medio de cárcel frente a los 26 años del segundo.

Ambos contaban con la colaboración de otros tres miembros del instituto armado en Fuerteventura: Sergio V. R., David D. P. y Daniel Manuel T. D. Por debajo de ellos se sitúan los otros ocho procesados. El fiscal reclama penas que van de 20 a 25 años y medio de prisión.