El presidente regional del Partido Popular (PP), Asier Antona, ratificó ayer el cese de Agueda Montelongo como presidenta del partido conservador en Fuerteventura y la creación de una Gestora como consecuencia de "la situación insostenible creada en el partido". Además, añadió, que su decisión se encontraba avalada por la dirección nacional. La Fiscalía, representada por la fiscal María Teresa Espino, consideró que no existió vulneración de derechos.

Antona compareció ayer, junto María Australia Navarro y Carlos Ester, secretaria regional y secretario ejecutivo regional de Participación Social, respectivamente, ante la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Puerto del Rosario, Ana María Sanz López, en calidad de testigos, en la celebración del juicio tras la denuncia interpuesta por Águeda Montelongo y Carlos Figueroa por la creación de la comisión gestora y la vulneración de derechos fundamentales.

Antona ha relatado episodios en el partido en Fuerteventura marcados por la "falta de transparencia, la opacidad y la negación de la entrada a afiliados que desencadenaban en envíos de decenas de cartas al partido con quejas".

"La dirección nacional pidió a la regional que actuáramos y así hicimos", insistió Antona a la vez que ha asegurado que "era inadmisible" que se expulsara a más de 100 afiliados del partido, en decisiones que más tarde fueron revocadas por el Comité de Derechos y Garantías nacional del PP.

Ante las preguntas del abogado de los demandantes, José Ramón González, Antona manifestó que no fue posible "consensuar el diálogo", a pesar de que "la dirección regional usó todos los medios posibles para buscar una solución a esta situación insostenible donde había una caza de brujas".

El popular defendió, durante su intervención, que actuaron "escrupulosamente tal y como marcan los estatutos y los comités de Derechos y Garantías regional y nacional que revocaron las expulsiones de los afiliados y siempre velando por los derechos de los afiliados que fueron totalmente desprotegidos".

Carlos Ester, que presidió la gestora majorera defendió ante la juez que no usó un cerrajero para entrar en la sede del partido tal y como se le acusaba por el equipo saliente y coincidió con María Australia Navarro en que se intentó contactar con Montelongo para informarle de la creación de la gestora, pero no fue posible a pesar de enviar correos electrónicos, llamadas de teléfono, whatssap, burofax y una notificación.

Por su parte, Agueda Montelongo, señaló a su salida del juicio que "este procedimiento hay que enmarcarlo dentro de la normalidad democrática y cuando uno entiende que se han vulnerado sus derechos acude a la Justicia". Además, añadió, que "aquí hubo un congreso regional y yo no apoye a Asier Antona pero éste tampoco apoyo a Pablo Casado y no por eso se montó una Gestora. No han podido demostrar nada, no han aportado ninguna prueba clarificadora".