Tres exalcaldes, trece concejales y tres técnicos del Ayuntamiento de La Oliva se sientan hoy en el banquillo de los acusados por el llamado 'caso Baku'. Por este motivo, se enfrentan a tres años de prisión y 18 de inhabilitación para cargo electo. También, a una indemnización solidaria y conjunta entre si de 552.227 euros, cantidad que se considera dejó de percibir el Ayuntamiento. La Fiscalía considera que han cometido los delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales. Los únicos investigados que se encuentran en la política activa son las exregidoras Claudina Morales, actual directora general de Igualdad del Gobierno de Canarias, y Rosa Fernández, portavoz del grupo socialista en el Consistorio majorero.
Once años después de que el partido político Alternativa Democrática de Fuerteventura (ADF) interpusiera una denuncia ante el Ministerio Fiscal por considerar que se habían cometido presuntas irregularidades con las autorizaciones y licencias del parque de ocio Baku, al ser incompatibles con el ordenamiento jurídico y que entraban en contradicción con la normativa sobre la ordenación del territorio y normativa tributaria, llega el día del juicio oral, que se desarrollará en los nuevos Juzgados de Majada Marcial, al que llaman popularmente como 'el Juzgado del supermercado', por compartir acceso con un establecimiento de comestibles.
Los acusados son los exalcaldes Domingo González Arroyo, Claudina Morales y Rosa Fernández, así como los exediles Marcelino Umpiérrez, Andrés Pérez, Alejandro Hernández, Cristóbal Calero, Maximino Méndez, José Juan Aguiar, Felipe Miranda, Marcial Hernández, Guillermo Morera, Miguel Ángel Vera, Felipe Figueroa, Olivia Estévez y Raimundo Domínguez. Asimismo, los técnicos Francisco Cabrera, Rita Darias y Jerónimo Soto deberán comparecer al juicio como investigados.
Los hechos se remonta al 5 de noviembre de 2002 cuando la Comisión de Gobierno aprobó el pliego administrativo del polémico concurso para el centro de ocio, mientras que siete días más tarde, en pleno de la Corporación en sesión extraordinaria también adoptó el mismo acuerdo. Posteriormente, la Mesa de Contratación propuso al pleno la adjudicación del concurso a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A., que aprueba por unanimidad dicha propuesta.
Asimismo, en abril de 2003 todos los miembros de la Corporación aprueban por unanimidad en sesión plenaria, el proyecto básico de las obras del complejo de ocio a desarrollar en una parcela de propiedad municipal.
El precio del contrato entre el Ayuntamiento y la empresa ascendía a 17.442.704,06 euros. El plazo de la concesión para la explotación se fijó en 47 años y diez meses, mientras que la entidad adjudicataria debía pagar en concepto de explotación un canon de 36.000 euros anuales, que nunca hizo.
