Coalición Canaria en Fuerteventura defiende la legalidad de todo el procedimiento que se ha venido siguiendo en el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF) para atender las necesidades de abastecimiento, averías y picos de demanda. La formación nacionalista asegura que el único objetivo "ha sido atender las necesidades de consumo de la población" de la isla majorera, para lo que siempre "se ha recurrido al procedimiento más ágil que las circunstancias permitían".

El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Ernesto Vieira, ha presentado una querella contra Mario Cabrera y Marcial Morados, diputado regional y presidente del Cabildo de Fuerteventura respectivamente, por cuatro supuestos delitos de prevaricación y uno de falsedad documental oficial por contratos, pagos y suministros al frente del CAAF. Desde CC aseguran que la querella del Ministerio Fiscal se ha filtrado a los medios de "manera interesada". "No sabemos muy bien el objetivo, pero a nadie se le esconde que estamos en precampaña electoral y este tipo de comportamientos suelen reproducirse en estas fechas", afirman desde el partido.

Además de Mario Cabrera y Marcial Morales, otros dos miembros de CC -Manuel Miranda, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y Andrés Díaz, actual responsable insular de aguas- están señalados en el escrito del fiscal. Todos, según apunta el comunicado de CC, no han recibido aún ninguna comunicación oficial al respecto. "Se han tenido que enterar por la prensa", lamenta la formación.

El partido insiste en que, en función de las informaciones publicadas, se trata de una querella que se centra en la compra de agua, el encargo de transporte de agua en cubas y el alquiler de maquinaria de obra en el Consorcio que responden a necesidades del servicio, averías, roturas o picos de demanda de agua, entre otros factores. "El fiscal considera que el procedimiento administrativo seguido no fue el correcto. No hay denuncias de otro tipo", indica CC.

En aquella época, recuerda la formación nacionalista, el CAAF "se vio afectado por la carencia de personal fruto de la crisis económica y de los impedimentos que se pusieron a la política de nuevas contrataciones de personal a nivel de Estado". Argumenta, por ello, que cuando había roturas, averías o picos de consumo, "se tenía que responder con rapidez para evitar el desabastecimiento de agua a la población".

CC reitera que Cabrera, Morales, Miranda y Díaz "han obrado con absoluta legalidad". Las compras de agua y encargos de arreglos de averías que se hicieron "estaban perfectamente justificadas". "Eso van a explicar cuando se les permita comparecer y cuando puedan conocer, de una vez, el contenido íntegro de la querella filtrada a los medios de comunicación", apunta la formación.