El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Ernesto Vieira, ha presentado una querella contra el diputado regional de CC Mario Cabrera y el presidente del Cabildo de Fuerteventura Marcial Morales, por cuatro presuntos delitos de prevaricación y uno de falsedad en documento oficial, por su gestión al frente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF).

La gestión del CAAF, empresa publica consorciada por el Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos majoreros, lleva tiempo en entredicho. Una denuncia del Comité de Empresa ha destapado una serie de irregularidades en la gestión del agua que lleva a Ernesto Vieira a presentar la querella y a pedir que se tome declaración como "investigados" al secretario primero de la Mesa del Parlamento de Canarias y expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, y el actual mandatario insular Marcial Morales. La denuncia también alcanza al actual director general de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias y entonces consejero delegado, Manuel Miranda, así como al actual responsable insular de Aguas, Andrés Díaz. También al técnico Rafael Melián Martínez le imputa un delito continuado de falsedad documental.

Las presuntas irregularidades se localizan en la compra de agua procedentes de pozos y catas, el servicio de máquinas retroexcavadoras, el suministro de combustibles y carburantes y en el servicio de transportes de cubas de agua. En algunas operaciones "no constan" contratos ya que algunos ser vicios se adjudicaron de forma directa con una "contratación ilegal, arbitraria y continuada a Fermín Pérez Armas", se lee en la querella.

La Fiscalía detectó indicios de delito en la adquisición de agua al depósito de Tequital, que no estaba conectado a las redes de distribución del citado organismo público por decisión de las personas que, con distintos cargos en el CAAF, tenían entre sus funciones la contratación directa o la supervisión de las condiciones de contratación del suministro, al empresario Fermín Pérez Armas "durante al menos diez años", habiendo facturado cifras astronómicas al CAAF sin que mediara ninguna licitación por la prestación de este servicio.

El fiscal considera que los querellados "eran perfectamente conocedores de la situación, por cuanto en primer lugar, la contratación de Fermín Pérez obedecía a una situación estructural y no puntual, como era la falta de infraestructura del CAAF en relación con el depósito de Tequital". Además, añade, que "durante los años 2008 a 2015 todos los meses se efectuaban pagos de una determinada cantidad a Fermín Pérez. Y por último, el pago siempre se hacía con cargo a la misma cuantía presupuestaria".

Más contundente se muestra el fiscal Vieira, al señalar en su escrito de denuncia que "Marcial Morales fue expresamente advertido por el Interventor de la necesidad de licitar la prestación objeto de la querella. A día de hoy, más de dos años después, no consta que se haya iniciado expediente alguno de licitación", asegura el fiscal.

Otro de los delitos detectados se localiza en el servicio de maquinarias retroexcavadoras donde no consta la celebración de contrato alguno "ni de expediente administrativo con ninguna de las personas físicas o jurídicas que llevaron a cabo las más de 50 prestaciones".

"Los técnicos encargados de dicha contratación eran los responsables del departamento de distribución del CAAF, Ana Hernández, Rafael Melián y Esther Cabrera, quienes daban cuenta al consejero delegado correspondiente. En todos los casos, el contrato se formalizaba mediante la presentación de factura por el tercero, como si de un contrato menor se tratara", señala en el escrito de fiscal.

La Fiscalía también considera que en el suministro de combustible y carburantes se abonaron durante el periodo 2008-2017 importes anuales que oscilan entre los 68.207,50 euros y los 120.511,50 euros. A partir del año 2013 el suministro citado se llevó a cabo por tres empresas recibieron cantidades anuales muy superiores a los 18.000 euros. "En todos los caso el contrato se formalizaba mediante la presentación de factura por el tercero, como si de un contrato menor se tratara.

Parque móvil

El responsable de la contratación de este servicio fue Andrés Rodríguez Cabrera, que actuó como responsable del parque móvil hasta fin de 2017, siendo en la actualidad Asunción Guardia Mateo", apunta el representante del Ministerio Fiscal. También, agrega, que " durante este periodo, además de excluirse a las restantes personas físicas y jurídicas , no consta la formalización de expediente administrativo alguno con los encargados de la prestación. En la actualidad dicho contrato de suministro de combustible al CAAF ha sido licitado y adjudicado".

En el servicio de transporte de cubas de agua, el fiscal detectó que el CAAF pagó durante el periodo 2008-2017 un importe de 648.233,24 euros. "Durante dicho periodo no consta la celebración de contrato alguno, ni de expediente administrativo con ninguna de las personas físicas o jurídicas que llevaron a cabo dicha prestación", apunta la Fiscalía. También, apunta que "los técnicos encargados de dicha contratación eran los responsables del departamento de distribución del CAAF, Ana Hernández González, Rafael Melián Martínez y Esther Cabrera Hernández. No se ha realizado actuación alguna tendente a la regularización del servicio".

El fiscal Erneto Vieira considera que tras las diligencias de investigación se detecta varios delitos continuado de prevaricación cometido por los presidentes del CAAF, Mario Cabrera y Marcial Morales, así como por los consejeros de dicho organismo durante los periodos de presidencia de los citados, Manuel Miranda y Andrés Díaz.

La Fiscalía demanda que se tome declaración en calidad de investigados a los querellados, así como se reciba declaración testifical a Carmelo Hernández, miembro del Comité de Empresa, al empresario Fermín Pérez Armas, a los técnicos del CAAF, Manuel Hernández cerezo, Ana Hernández González, Esther Cabrera Hernández, Andrés Rodríguez Cabrera, Asunción Guardia Mateo, así como a la secretaria accidental, María Minerva Pérez Lorenzo.

Además, el representante del Ministerios Fiscal pide al TSJC que se oficie a la Secretaria del Parlamento de Canarias a fin de que se certifique la condición de Mario Cabrera como actual diputado. El caso será remitido a los Juzgados majoreros cuando Mario Cabrera pierda su condición de aforado con la entrada del nuevo Estatuto.