Falta documentación obligatoria. Si la obra de la red de Disa ya era discutida, ahora más. En la documentación del proyecto de renovación de tuberías de transporte de hidrocarburos de la empresa Disa, que se viene ejecutando en la capital majorera, que obra en poder de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario no se encuentra la concesión administrativa o autorización que exige la Ordenanza de Medio Ambiente. Ante esta ausencia, el Consistorio ha requerido a la citada empresa de distribución de combustible para que en un plazo de diez días aporte la misma.

La licencia de obra no se podría haber concedido dado que esta autorización es previa al arranque de las obras. Todo hace indicar, salvo sorpresa, que el citado documento se pudo haber extraviado en dependencias municipales. El informe jurídico de la licencia que otorgó la Junta de Gobierno, al que asintieron el alcalde Nicolás Gutiérrez (CC), Rita Darias (CC), Carlos Rodríguez (PSOE) y Paloma Hernández (PSOE), el pasado agosto, ya advertía a la empresa que dicha licencia no les eximia de obtener la concesión administrativa.

El PP accedió ayer al expediente completo de este proyecto y pudo comprobar, según los conservadores, que no constaba la concesión administrativa que exige la Ordenanza de Medio Ambiente. "Este permiso es previo a cualquier inicio de las obras y así lo entiende también el propio grupo de gobierno que ha solicitado a la empresa el pasado 10 de enero que tiene un plazo de diez días para aportar dicha autorización", aseguró la portavoz popular, Jessica de León. Además, añadió, que " si la empresa no tiene esta concesión, como así se desprende de los informes emitidos, cabe preguntarse qué hará el grupo de gobierno que, recordemos, autorizó la licencia. Nos parece una irresponsabilidad la actitud de CC y PSOE que sólo reculan por la cercanía de las elecciones sin ofrecer alternativas serias a todos los vecinos".

La Comisión Informativa celebrada, ayer, informó que el acuerdo que plantea el Grupo Mixto de paralizar la licencia "podría ser un delito de prevaricación. Se dedican a amenazar", asegura Ignacio Solana, concejal del PP.