El exalcalde de Tuineje, Gonzalo Báez, se enfrenta a una pena de dos años de cárcel, nueve de inhabilitación para cargo público y al abono de las costas por un presunto delito de prevaricación administrativa al conceder una licencia de primera ocupación para naves industriales, a pesar de contar con informes técnicos y jurídicos desfavorables. Los hechos concurrieron cuando Báez militaba en Coalición Canaria (CC). Se da la circunstancia de que, en noviembre de 2017, otro alcalde de la federación nacionalista del citado municipio, Salvador Delgado, tuvo que dejar el cargo de regidor al ser condenado por el mismo delito.
Ambos regidores avocaron las competencias del concejal de Urbanismo, es decir, asumieron la compentencia que habían delegado en el órgano inferior. En los dos casos para conceder vía decreto de la Alcaldía la autorización que no se comprometía a dar el concejal. La historia de las licencias urbanísticas en Tuineje se repite.
El exregidor se sienta mañana en el banquillo de los acusados tras la denuncia interpuesta una exconcejal del propio Ayuntamiento sureño, Margarita Martín, que concurrió en las filas socialistas como independiente hace algunas legislaturas.
El origen de la denuncia se remonta a diciembre de 2005, cuando un representante de la empresa Praicsa solicitó en el Ayuntamiento de Tuineje licencia de primera ocupación de varias naves industriales ubicadas en la urbanización El Cuchillete, a escasos metros de la localidad sureña de Gran Tarajal.
El arquitecto técnico municipal emitió informes favorables al considerar que dos de las naves se habían unido, conformándose en una sola, así como otras irregularidades como la apertura de una calle, la variación en sus dimensiones de una manzana de parcelas o la modificación de las mismas, según detalle en su escrito el fiscal Clara Serrano.
Por su parte, el informe jurídico, también desfavorable, indicaba que el trazado de las vías interiores de la urbanización no se había ejecutado conforme a lo previsto en el proyecto, señalando que, antes de recibir la urbanización y de conceder la licencia de primera ocupación solicitada, "el Ayuntamiento debía exigir que la urbanización ejecutada se correspondiese con la prevista en el proyecto".
La representante del Ministerio Fiscal sostiene que el entonces alcalde nacionalista Gonzalo Báez, con pleno conocimiento de que la obra ejecutada no se correspondía con la autorizada por la licencia municipal, en contra de lo informado por los técnicos y desoyendo la motivación y las razones de los Servicios Jurídicos, "avocó las competencias del concejal de Urbanismo y concedió la licencia de primera ocupación solicitada". A juicio de la fiscal Serrano, la actuación de Gonzalo Báez es constitutiva de un delito de prevaricación urbanística, al tiempo que solicita la nulidad de la licencia otorgada.
Báez fue consejero del Cabildo de Fuerteventura y concejal en Tuineje por Independientes de Fuerteventura (IF). En febrero de 2004, ya en las filas de CC, accede a la Alcaldía tras una moción de censura a Rita Díaz y apoyado en una concejal tránsfuga del PSOE. En 2011, es el candidato a la Alcaldía por AMF y, en 2015, concurre como segundo de la lista por el PP.
Modus operandi
Llama la atención el modo de actuar de dos de los alcaldes de CC en Tuineje. Tanto Salvador Delgado como Gonzalo Báez han actuado de la misma forma para otorgar una licencia de primera ocupación y, además, en el mismo complejo industrial. Tras avocar las competencias delegadas al responsable de Urbanismo, ambos conceden la autorización vía decreto. Después de cumplir el objetivo, devolvieron las mismas al concejal delegado. Cabe aclarar que la avocación es una figura administrativa que implica justo lo contrario de la delegación y que se usa para resolver asuntos concretos por parte de órganos superiores cuando el inferior no consigue sacarlo adelante. Sin embargo, su espíritu no es saltarse la ley, como presuntamente ha ocurrido en este caso.
