Impotencia, rabia e indignación. Una trilogía de sentimientos que mantiene atrapados a los vecinos de Puerto del Rosario con los continuos y reiterados cortes de agua durante varios días producidos por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF), empresa mixta consorciada por el Cabildo majorero, que cuenta con el 60% de las acciones, y los seis ayuntamientos que atesoran el 40% restante, y que suministra agua a unos 30.000 abonados en la isla.
La gestión del CAAF está en entredicho, mientras que las redes sociales se incendian contra los responsables políticos de la empresa, en este caso el presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales, y el consejero insular de Aguas, Andrés Díaz, aunque esta situación es heredada, éstos no han podido afrontar la caótica gestión que se eterniza en la empresa mixta.
Durante los últimos días los vecinos han tenido que sufrir durante varios días cortes continuos en el suministro de agua potable que han afectado a más de 20.000 personas, al margen de establecimientos públicos que se han visto obligados a cerrar sus puertas ante la ausencia de agua.
Barrios como Fabelo, El Charco, Majada Marcial, Ciudad Jardín, Playa Blanca, Buenavista, El Matorral o la zona centro de la ciudad, entre otros, han sufrido la irrupción del servicio de suministro con el consiguiente malestar y críticas no solo de los vecinos sino de las organizaciones empresariales, dado que los empresarios de la restauración se han visto obligados a comprar agua en garrafas para atender el negocio, a clausurar sus baños e incluso, en algunos casos, cerrar las puertas con el consiguiente daño económico.
La justificación a los reiterados cortes en el suministro de agua se localiza en las vetustas redes de distribución, que no han sido renovadas en muchos de los sectores y que tienen una antiguedad, en muchos de los casos, superior a la treintena de años y que no soportan la presión que circula por las mismas.
Esta situación supone que más del 46% del agua que desala el CAAF se pierde por las redes, lo que genera unas pérdidas económicas cercanos a los 5 millones de euros.
La única respuesta de la empresa mixta a las criticas de los vecinos es que estan obligados a disponer de un depósito de reserva para 3 días. Ante la situación generada, los afectados han anunciado denuncias ante el Diputado del Común y Facua.
