Ayudan y piden ayuda. Las trabajadoras de la Plataforma Canaria de Ayuda a Domicilio y empleadas de la empresa Afa Fuerteventura se manifestaron ayer a las puertas del Cabildo Insular junto a familiares de la Asociación de Alzhéimer para reclamar un servicio público y que mejore la atención a las personas dependientes en la Isla.
"Trabajamos con una gran precariedad laboral, unos sueldos muy bajos, no se reconocen enfermedades profesionales, ni jubilaciones anticipadas. Y con contratos a tiempo parcial y no se abonan los desplazamientos" explicó ayer la portavoz del colectivo, María del Carmen Rodríguez López, que se trasladó desde Tenerife para apoyar a las profesionales majoreras.
María del Carmen Rodríguez añadió que "la empresa ha anunciado que en junio finalizan los contratos, y se quedan en paro, y otras lo harán el próximo 31 de diciembre, lo que resulta vergonzoso al dejar a las personas dependientes sin servicio a domicilio".
También la trabajadora Isabel Muñoz señaló con preocupación que ya se han cerrado los centros de día de Corralejo y Morro Jable por problemas con el transporte, "y repercute en los enfermos dependientes, y familiares que se quedan en casa y sin asistencia profesional".
Aunque, el pleno aprobó la moción presentada por el Grupo Podemos Fuerteventura, que se transformó en institucional con el apoyo de todos los grupos políticos para garantizar el mantenimiento de estos servicios de ayuda y atención a personas dependientes y pacientes de alzhéimer. Sin embargo las trabajadoras y familiares mostraron su disconformidad con el documento aprobado al "no atajar la privatización y precarización del servicio a domicilio, nuevos centros de día ni ayudas al transporte para personas dependientes" destacaron al finalizar la sesión entre pitos y alzando sus carteles con lemas: "están vendiendo nuestro futuro laboral", "municipalización del SAD ya" o "empresas y mutuas lo saben basta ya".
María, que ayer fue una de las familiares que se concentró ayer en la puerta de la Casa Palacio de la Isla, relató que cuida a su suegra, Emérita, desde hace cuatro años, y anuncia que desde que comenzó su labor todo han sido obstáculos.
"Creo que la solución pasa por un protocolo único para le ley de dependencia' resume. Se trasladó a Fuerteventura hace ya 20 años y considera asegura que las personas dependientes carecen de muchos servicios y terapias esenciales. "Es una pena que se cierren y eliminen centros con una política de privatización. Con esto sólo han generado contratos precarios, y una deficiente atención para nuestros familiares" denuncia públicamente María, que pide una reorganización de los espacios y evitar que se cierren centros porque disminuye la asistencia sociosanitaria.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Cabildo Insular Rosa Delia Rodríguez anunció proyectos de centros y nuevas partidas económicas "pero de momento no revierte en nuestros mayores ni en una mayor calidad para las trabajadoras" insisten las familias.
La consejera, que participó ayer en el pleno del Cabildo, anunció que desde la institución que aún preside Marcial Morales se trabaja para que la población dependiente de Fuerteventura "reciba esos derechos que les corresponden por ley", enfatizó Rosa Delia Rodríguez.
