El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, José Luis Ruipérez Marín, continúa investigando un presunto cohecho relacionado en el 'caso hamacas' donde se trata de averiguar el posible amaño en los concursos de explotación de servicios en el litoral de La Oliva. Los clanes familiares controlaban los concursos y pujas de los sectores de explotación del litoral marino. El último en comparecer en calidad de investigado fue Álvaro de Astica, exportavoz municipal de Votemos, curiosamente el mismo grupo político que denunció ante Fiscalía la existencia de posibles delitos de tráfico de influencias, alteración de concursos públicos o estafa.
Por el llamado caso hamacas se encuentran investigados no sólo el propio Astica sino Gregorio Roberto V. G.,uno de los presuntos empresarios que le entregó dinero al exconcejal de Votemos para que influyera en el concurso de adjudicación de los sectores de playa. El juez decidió el sobreseimiento provisional de uno de los empresarios investigados, Vicente C.C.
La Justicia decidió separar los dos procedimiento. Uno destinado exclusivamente al asunto del concurso público de las hamacas, que se encuentra pendiente de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y, el otro por un delito de cohecho dado que el mismo debe seguir el procedimiento ante el Tribunal de Jurado para determinar la responsabilidad de las personas investigadas, nueva terminología de imputados, en la posible compra de un concejal del Ayuntamiento de La Oliva y que podría intervenir en el proceso del concurso público.
Por este motivo, el juez Ruiperez decretó la comparecencia en sede judicial en calidad de investigado de Álvaro de Astica, así como de dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), el instructor policial del atestado, la abogada del Ayuntamiento de La Oliva y uno de los presuntos empresarios que ofrecieron dinero a Astica. Fuentes judiciales señalaron a este periódico que Astica se acogió a su derecho de no declarar.
El caso hamacas saltó a la luz pública tras la decisión de la Fiscalía de investigar a casi a un centenar de personas y administradores de 16 empresas con motivo de una denuncia presentada por Votemos, respecto a los concursos de explotación de servicios en el litoral de La Oliva durante la época en la Alcaldía de González Arroyo, Claudina Morales y Rosa Fernández.
La investigación se pone en marcha tras la denuncia de Astica de un intento de soborno por parte de empresarios vinculados a los servicios playeros.
El litoral de La Oliva se encuentra repartido en doce lotes destinados a explotaciones de servicios de kioscos y hamacas, que fueron adjudicados en 2015 por un periodo de cuatro años. Las ubicaciones de los sectores de explotación de playas se encuentran localizados en Corralejo casco y El Cotillo. Cada lote dispone de dos sectores de cien hamacas y sombrillas.
El juez Ruiperez archivó en primera instancia el caso de las hamacas tras las primeras declaraciones de los investigados. Sin embargo, Votemos presentó en la Audiencia Provincial un recurso de apelación que actualmente se encuentra pendiente de resolución.
Además, el juez en un auto apunta que la grabación aportada en su día por Astica fue en un formato de CD, dado que se realizó con el teléfono móvil del exconcejal de Votemos y que fue entregada a un amigo para que aclarará el sonido, "con lo cual es palmario que la grabación inicial fue manipulada", afirma el juez.
