Los trabajadores y familiares del hotel Oliva Beach tomaron ayer las calles de Corralejo para reclamar el desbloqueo de la licencia para la rehabilitación del establecimiento turístico. Un millar de personas arroparon a la plantilla sobre la que se cierne un futuro incierto tras el anunció de la cadena RIU, propietaria del citado hotel, de iniciar un expediente de regulación de empleo que afectaría a unos 400 trabajadores. Muchos de las personas que participaron en la jornada de protesta llegaron procedentes de otros municipios, así como compañeros de los afectados del sector de hostelería. También se dieron cita, el presidente del Cabildo majorero, Blas Acosta, así como consejeros de la institución insular, el alcalde de La Oliva, Isai Blanco, junto a sus concejales, la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, y una amplia representación de fuerzas políticas y sociales.

Fuerteventura gritó ayer con más fuerza que nunca la necesidad de buscar una solución al problema del Oliva Beach. El clamor fue unánime durante el recorrido de la manifestación que partió desde la rotonda del campo de fútbol hasta la plaza de la tenencia de Alcaldía de Corralejo. Allí, Rafael Giraldes, miembro del comité de empresa, leyó un manifiesto donde destacó que los hoteles de la cadena RIU "corren el riesgo de desaparecer, y con ello el sustento de casi 400 empleados, además de cientos de puestos indirectos que dependen en gran parte del funcionamiento de los hoteles".

Durante el amplio recorrido, los manifestantes corearon sus reivindicaciones y portaban pancartas con alusiones a la necesidad de que el proyecto de rehabilitación tenga luz verde cuanto antes.

El coordinador insular de Intersindical Canaria (IC), Mamolio Gutiérrez, apuntó que "Fuerteventura no puede permitirse el lujo de perder 400 empleos por el capricho de alguna Administración que ha aparcado el expediente. Canarias tiene un 20% de desempleo, la tasa más alta del estado español,mientras que Fuerteventura tiene más de 10.000 parados en la actualidad. Por ello, no podemos permitir que se destruya más puestos de trabajo".

Por su parte, Juan Cabrera, secretario general de la Federación de Hostelería, indicó que "el objetivo de los sindicatos convocantes no es otro que salvar los 400 puestos de trabajo y esperamos que la cordura se imponga tras el éxito de esta manifestación y podamos mantener un dialogo fluido con las instituciones públicas para dar una respuesta a esta grave situación".

La senadora Paloma Hernández, señaló que "desde que asumí el cargo hemos estado en contacto con la Dirección General de Costas y con la secretaria de Estado de Medio Ambiente, que es de quien depende el expediente del Oliva Beach. Están trabajando en ello y pendientes del informe de la Secretaria General Técnica. Hay que dejar claro que la solicitud de la empresa entra en la Demarcación de Costas en diciembre de 2017 y no es hasta noviembre de 2018 cuando se traslada al Ministerio. Un año de gobierno del Partido Popular (PP) donde no se tramitó nada. Por tanto no hay que hacer demagogia con un tema tan sensible como este".