La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado José Luis Goizueta, celebró ayer en Puerto del Rosario la primera sesión del juicio al Jefe de la Unidad de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, Casto Berriel Martínez, que se enfrenta a una petición de pena de seis años de cárcel en un procedimiento en el que hay otras cinco personas acusadas. Entre ellos su sobrino, Rafael Berriel Fuentes, además de María del Pino Calcines Hernández, Blanca Lidia Chacón Gutiérrez, Rubén Curbelo Carreño, presidentes respectivamente de las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera Teberite, Tajorase y Tinea, y el empresario José Jesús García Sánchez.
Casto tuvo que responder a las preguntas de Fiscalía que pide para Casto Berriel una pena de seis años de cárcel y diez de inhabilitación de su empleo público, así como una multa de cien mil euros por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad en documento mercantil, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El principal acusado, Casto Berriel, era Jefe de esa unidad del Cabildo desde el año 2000 y supervisaba las concesiones de subvenciones en esa materia que se concedieron entre 2000 y 2013 a dichas agrupaciones. Casto Berriel es hermano de Domingo Berriel, que fue consejero de Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno de Canarias.
El acusado Berriel desempeñó de forma paralela, a sabiendas de su incompatibilidad, según detalla el escrito de acusación de Fiscalía, el cargo de administrador único de la entidad mercantil Microtón Fuerteventura, y desde 2012, ejerció como administrador de hecho de la entidad Servicios Agrarios Capraria, que sucedió a la anterior y en la que el administrador único es su sobrino Rafael, "conocedor de esta ilícita situación". Las agrupaciones pedían las subvenciones, que se les concedieron, cobraban por los servicios sanitarios prestados y expedían las facturas con las que justificaron ante el Cabildo dichas subvenciones, que ascendieron en conjunto a 300.000 euros. Durante el juicio Casto Berriel afirmó que siempre se abstuvo "dentro del órgano adjudicatario de las subvenciones".
La compra de un tractor fue otro de los asuntos más polémicos del juicio. Berriel se concedió a su propia empresa una subvención para comprar un tractor presupuestado en 10.150 euros. Pidió la subvención el 20 de diciembre de 2012, que fue exactamente el mismo día en que su propio sobrino presentó la factura justificativa de la compra.
Ese mismo día también emite el informe de justificación de la subvención. En el juicio Berriel insiste en que acudió a Vallebrón a revisar una ayuda para un tractor, y firmó la propuesta de resolución de 9.000 euros. Sin embargo, el tractor no se había comprado, señala la Fiscalía. "Para justificar en el expediente administrativo la materialización de la citada subvención el acusado José Jesús García Sánchez, como administrador único de la entidad Rudán Suministros Industriales, y a instancia de Casto y Rafael Berriel, "confeccionó la factura indicada", que se presentó en el expediente administrativo, "a sabiendas de su falsedad por cuanto la sociedad vendedora nunca fue titular del referido vehículo agrario y, consecuentemente, nunca lo vendió", señala el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. La fiscalía también pide para Rafael Berriel una pena de dos años y tres meses de cárcel y una multa de unos 3.000 euros, a García Sánchez, una pena de un año y ocho meses de prisión, y para los presidentes de las agrupaciones ganaderas una multa de unos 2.000 euros.
