El asunto del Hotel Oliva Beach y de la situación de incertidumbre que sufren los 400 trabajadores ante la falta de respuesta del Ministerio de Transición Ecológica con la licencia de remodelación del hotel ha llegado al Defensor del Pueblo. El líder de En Marcha, formación política en el Ayuntamiento de La Oliva, Pedro Amador, exalcalde y actual concejal en la oposición,ha presentado una queja formal por la parálisis del Gobierno de España y dejación de sus funciones.

Amador considera que no es de recibo que la Administración General del Estado deje transcurrir dos años sin resolver de manera expresa una petición (en alusión a la solicitud de la cadena RIU para remodelar el hotel) "incumpliendo de forma flagrante la propia Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas". Además, añade, que la desidia del Estado "ha provocado una enorme situación de inseguridad e inestabilidad laboral que afecta a unas 400 familias del municipio de La Oliva".

En su escrito a Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, Pedro Amador le hace participe de la situación de indefensión en la que se encuentra la plantilla del hotel majorero ubicado en el interior del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. "Los propietarios del hotel RIU Oliva Beach solicitaron hace dos años al ministerio de Transición Ecológica los permisos pertinentes para realizar una serie de mejoras en el hotel. A día de hoy el Gobierno de España no ha dado respuesta, incumpliendo su obligación de resolver las solicitudes que se le presenten".

A finales de 2017 la empresa presentó un proyecto, dividido en tres fases para la reforma del establecimiento. Tenían previsto cerrarlo para iniciar las obras el 4 de noviembre de 2018. "De hecho, el hotel no podía encontrarse en los catálogos de la última temporada invernal. La empresa no esperaba que once meses resultaran insuficientes para que un proyecto que no incluye incremento del volumen edificado, ni traspasa las lindes del área sobre la que RIU tiene concesión aún durante 75 años, resultaran insuficientes", recoge Pedro Amador en su denuncia ante el Defensor del Pueblo. A juicio de Amador, los datos que maneja RIU "son demoledores. La caída de los ingresos en el último trimestre del pasado año fueron del 29% con respecto al mismo periodo de 2017. Este año, las circunstancias no han mejorado; disminución del 49% entre enero y marzo, y del 24% en los tres meses siguientes". Los trabajadores se han manifestado en la isla, Gran Canaria y Madrid.