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Demanda municipal y del personal del Oliva Beach por el retraso de la licencia

El alcalde Isai Blanco denuncia la paralización política y deliberada por parte del Estado - El regidor advierte que se perderán 1.500 turistas que se hospedan al día

Demanda municipal y del personal del Oliva Beach por el retraso de la licencia

Demanda municipal y del personal del Oliva Beach por el retraso de la licencia

El Ayuntamiento de La Oliva y los trabajadores del hotel Oliva Beach acudirán a los Tribunales de Justicia para denunciar a los responsables políticos del Ministerio de Transición Ecológica y a los funcionarios vinculados al proyecto de rehabilitación del complejo hotelero, respectivamente, ante la falta de respuesta y la paralización que sufre la licencia que permite a la cadena RIU ejecutar la reforma del hotel.

El regidor norteño, Isai Blanco, denunció "la paralización política y deliberada por parte de los actuales gobernantes del Estado en el Ministerio de Medio Ambiente". El grupo de Gobierno en La Oliva -Pilar González (Gana), Oliver González (NC) y Juan José Rodríguez (CC)- analizó las noticias y movimientos más recientes, en que "se ha sabido la intención de iniciar desde el Ministerio una revisión de oficio de la concesión administrativa del hotel", aseguran fuentes municipales. Además, "Blanco ha valorado que si la concesión está en vigor, no está justificado técnicamente que se paralicen unas obras a las que el hotel tiene derecho. Y si no hay justificación técnica, tiene que ser política".

La citada cadena hotelera registró en diciembre de 2017 ante la Dirección General de Costas su proyecto de remodelación del hotel Oliva Beach. El proyecto supone una inversión cercana a 40 millones de euros y a la ampliación de la plantilla en medio centenar de trabajadores. Poco más de dos años después la empresa y los trabajadores aseguran que no se ha desbloqueado el proyecto.

Sin embargo, un informe de la Abogacía del Estado concluye que procede iniciar un procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad parcial de la concesión administrativa "en los terrenos en los que se ubican los establecimientos hoteleros del hotel Oliva Beach y Apartamentos Oliva Beach, por concurrir en la misma causa de nulidad de pleno derecho".

El alcalde matizó que "aquí no se trata de defender a una empresa, sino a los cientos de familias que trabajan en el hotel y que dependen de este proyecto de renovación para que el establecimiento sea competitivo. Este hotel genera 400 empleos directos, miles de indirectos y cuenta con cientos de proveedores locales. Nuestro municipio podría perder a los 1.500 clientes que se alojaban de media cada día en el hotel, diez aviones llenos cada semana. El daño que este retraso está provocando en la economía de La Oliva es incalculable".

El regidor del munipio del norte de Fuerteventura explicó que llevan ya "casi dos años detrás de este tema". Se han asesorado jurídicamente, "dialogando con todas las partes", e incluso se han sentado en los despachos del Ministerio en Madrid. "Pero han sido todo palabras vacías. Hemos llegado a un callejón sin salida, y tememos que el resultado sea lo que nadie quiere que ocurra, decenas de despidos. Es algo que no vamos a permitir", comentó.

Por ello, Blanco anunció que desde el Ayuntamiento de La Oliva van "a actuar jurídicamente con todos los medios a nuestro alcance", y que "los responsables del Gobierno del Estado den las explicaciones que tengan que dar en las instancias correspondientes".

Adrián Fernández, presidente del colectivo Salvar el Oliva Beach, señaló a este periódico que, por su parte, los empleados se encuentran "estudiando acudir a la Justicia porque están actuando de una forma arbitraria". "Vamos a pedir daños y perjuicios por las pérdidas que han ocasionado a los trabajadores con el bloqueo a la licencia tanto en materia económica como emocional y de salud", aseguró.

El pasado octubre, los presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Fuerteventura, Ángel Víctor Torres y Blas Acosta, respectivamente, anunciaron tras su encuentro con la ministra Teresa Ribera, que en un mes se desbloquearía el asunto. Además, a finales del pasado mes de noviembre, Pedro Amador, concejal de En Marcha, presentó una queja al Defensor del Pueblo.

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