Dos detenidos y más de medio millar de denuncias con sus correspondientes propuestas de sanción a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es el saldo de las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Locales en Fuerteventura desde que entrara en vigor el estado de alarma aprobado el pasado día 14, en el Consejo de Ministros. Una gran parte de los denunciados son reincidentes de incumplir la cuarentena, mientras otros están relacionados con no poder justificar las exenciones que recoge el decreto de alarma para permitir la circulación por las vías públicas. Los denunciados se enfrentan, según el nivel de su incumplimiento, a sanciones que oscilan entre los 601 y 30.000 euros. Si bien es cierto que los primeros días del confinamiento los agentes fueron flexibles en un afán de informar y concienciar a los vecinos de la necesidad de respetar la cuarentena, pero ante los incumplimientos reiterados el nivel de control se ha puesto más riguroso.

Los agentes de la Guardia Civil, entre sus destacamentos de Rural y Tráfico, han procedido a la denuncia de unas 350 personas que han hecho caso omiso a la orden dictada por el Ministerio de Interior. Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha ejecutado unas 80 actas de sanción y ha procedido a la detención de dos personas por hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes. Se da la circunstancia de que los dos denunciados regresaron a sus domicilios a indicaciones de los policías y posteriormente volvieron a salir sin justificación.

Las policías locales también se han volcado en el control de sus respectivos municipios para hacer cumplir las normas emanadas de la crisis sanitaria. Los agentes de la guardia urbana han levantado 146 actas en los municipios de Pájara, Tuineje, Puerto del Rosario y La Oliva. Tras la apertura de un expediente, por desobediencia a la autoridad policial por incumplir la obligación de no transitar por la calle, personas no autorizadas en el actual estado de alarma, los agentes tramitan el mismo ante la Delegación del Gobierno, que es la que aplica el Real Decreto. Sin embargo, los policías de Antigua y Betancuria no han tramitado ninguna denuncia.

Una de las anécdotas de las actuaciones de la policía urbana se localiza en Pájara, donde los agentes se vieron obligados a retirar por la fuerza a un sin techo que días antes había alojado en un albergue social de Puerto del Rosario. La citada persona abandonó el centro y regresó nuevamente al municipio sureño e incumplió el confinamiento.

Precinto

En una operación de la Policía Nacional con apoyo de la Poli-cía Local de Puerto del Rosario, se procedió al precinto de un punto de consumo de cannabis en la antigua discoteca La Fábrica, en el barrio de La Charca, que se encontraba abierto al públi-co a pesar del decreto de cierre. Los agentes procedieron también a levantar acta contra nueve personas que se encontraban en su interior.

El incumplimiento de las órdenes dadas por el Gobierno tras la declaración del estado de alarma estará sancionado con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros en función de su gravedad y contemplan cárcel de hasta un año cuando se consideren delito. Las violaciones del decreto del Ejecutivo se sancionarán en función de su gravedad de cuatro leyes.