El Gobierno canario muestra su compromiso para reclamar al Estado las obras del Oliva Beach

El Gobierno de Canarias está comprometido a 'niveles máximos" con la reclamación al Ejecutivo central para que autorice las obras de remodelación del Hotel Oliva Beach, edificado en el entorno del espacio protegido de las Dunas de Corralejo

Este compromiso, según publica la Agencia Efe, llega al punto de que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se lo ha tomado como un asunto personal, no solo político, lo que ha llevado a "reuniones tensas" con representantes de la Dirección General de Costas, ha revelado en el Parlamento el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena.

Valbuena, que respondió a una pregunta sobre este asunto del diputado del PP Fernando Enseñat, relacionó la insistencia del Gobierno de Canarias con una reciente resolución de la Abogacía del Estado que finalmente abre una vía jurídica para que se puedan acometer las obras de este hotel. Señaló que todo lo que está relacionado con la aplicación de la Ley de Costas "es delicado, pero hay una defensa unánime de las obras y de los puestos de trabajo, además de un ofrecimiento de la cadena hotelera para intentar regularizar la situación en el futuro y para intentar transformar el modelo", según Valbuena. Además, añadió, que "la voluntad política existe, nuestros planteamientos son exigentes, pero es preciso seguir la vía legal y esa es la puerta que ha abierto la Abogacía del Estado", defendió.

El diputado del PP Fernando Enseñat, quien había preguntado al consejero por este asunto, acusó al Gobierno de España de llevar dos años "torpedeando la posibilidad de remodelación del hotel, del que dependen 400 empleos. Son 40 millones de inversión y mil puestos de trabajo directo en unas obras imprescindibles para sacar al hotel de su obsolescencia", dijo Enseñat. Tambié, afirmó que esa instalación "es un motor económico turístico y de empleo para el municipio de La Oliva y la isla de Fuerteventura. El Estado pone en cuestión la legalidad de la concesión del hotel y parece que lo que quiere es tirarlo".