El presidente de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (Acadur), Juan José Santana, mandó ayer un mensaje de tranquilidad a los propietarios de las viviendas de la urbanización Casas de Majanicho, en el municipio de La Oliva, que el Tribunal Supremo declaró nulo la aprobación definitiva del plan parcial, al considerar que el Alto Tribunal no pone ninguna objeción sobre la urbanización ni sobre aspectos medioambientales o ecológicos, sino a un acto administrativo.
El Ayuntamiento de La Oliva, aprobó en sesión plenaria, en diciembre de 2000, declarar la aprobación definitiva del plan parcial 'Casas de Majanicho-SAU 12, promovido por la empresa Nombredo que ya ha construido 748 villas rodeadas de zonas deportivas, de ocio, piscina y pistas de tenis y muchas de ellas han sido vendidas.
Sin embargo, la aprobación municipal se produjo días antes de que se publicara en el Boletín Oficial las Normas Subsidiarias que sirven de apoyo normativo al citado plan parcial.
Santana considera que el Plan Parcial " podría regularizarse ya que el defecto de forma que provocó la anulación de su aprobación se corrigió con las Normas Subsidiarias, que están en vigor, aunque habría que estudiar que contempla la Ley de Directrices y el Plan Insular con este suelo". Además, comparó, que el caso de Majanicho es similar a los hoteles en Lanzarote " nada impide que se pueda volver a tramitar habiéndose subsanado la razón procedimental que posibilitó la sentencia del Supremo".
El presidente de Acadur, José Juan Santana, mostró su preocupación " por la falta de planes generales de ordenación del territorio no solo en Fuerteventura sino en todo el Archipiélago".
Santana abogó porque las partes demanden una aclaración de la sentencia, que " solo anula un acto administrativo". " Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de La Oliva y los de la propiedad deberán estudiar un acuerdo para analizar el futuro de la urbanización una vez que el Supremo ha anulado la aprobación definitiva del plan parcial que permitió su construcción".
Congreso
Fuerteventura se convertirá los próximos días 14 y 15 de abril en la capital española del derecho urbanístico con la celebración, en la localidad turística de Corralejo, de la tercera edición del Congreso Canario de Derecho Urbanístico, donde se debatirá, entre otros asuntos, la tipificación de los delitos urbanísticos en el Código Penal de 1995 y las consecuencias de la última reforma, que amplía el ámbito de los delitos y agrava las penas.
Entre la veintena de ponentes destacan reputadas personalidades del mundo jurídico, como los magistrados del Tribunal Supremo, Manuel Marchena y Rafael Fernández Valverde; Javier Varona, magistrado de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y Javier Ródenas, Fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas.
El salón de actos del Cabildo majorero acogió ayer la presentación del Congreso con la asistencia de Manuel Miranda, consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la institución insular; Rosa Fernández, alcaldesa de La Oliva; el presidente de Acadur, Juan José Santana y Armando Betancor.
Santana, aseguró durante su intervención, que el derecho urbanístico es "necesario, ya que el Archipiélago Canario, tiene unas condiciones territoriales y ambientales que precisan de un control importante". También, valoró, la importancia de este encuentro profesional, cuyo objetivo es intentar "aproximar el urbanismo al ciudadano, hacerlo comprensible y útil".
