La exasesora del Ayuntamiento de Puerto del Rosario Yaiza Sotorrio Espinel comparece hoy ante la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, Margarita Rodríguez Rodríguez, con motivo de la querella criminal interpuesta por presunto acoso sexual contra el concejal de Obras Públicas y Servicios, José Juan Herrera Martel, y el alcalde, Juan Jiménez, este como presunto colaborador necesario en la comisión del delito denunciado. También deberán declarar en esta jornada en sede judicial, en calidad de testigos, Manuel Travieso y Mayra Marichal, ambos concejales del Consistorio capitalino en la oposición. Sotorrio también interpuso un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra su cese como personal municipal.
El asunto del presunto acoso saltó a la luz pública cuando el pasado 17 de julio, un día después de ser cesada como cargo de confianza municipal, Yaiza Sotorrio presentó en los Juzgados majoreros una querella criminal contra el edil Herrera y el regidor Jiménez. La exasesora considera que el alcalde tuvo conocimiento de los hechos, pero ni actuó ni puso los mismos en manos de las autoridades competentes. La querella se complementa con poco más de 200 páginas de transcripciones de cientos de mensajes donde el concejal de Obras y servicios le propone mantener relaciones sexuales en las dependencias municipales.
La exempleada pública mantiene que fue despedida por negarse a tener relaciones sexuales
“Te haría el amor que fliparás como una loca... “ o “Podría follarte en el despacho... “, son algunos de los mensajes que se cruzaron a altas horas de la madrugada. Además, tal y como se recogió en el texto de la denuncia “si no accedía a las relaciones sexuales se produciría el cese de la querellante”.
Las reacciones a estos hechos han sido dispares. Mientras los partidos que gobiernan en el Ayuntamiento capitalino mantuvieron una cierta tibieza, más preocupados en mantenerse en el gobierno que en denunciar los hechos, los actuales gobernantes consideran que detrás de la querella existe una trama política para propiciar una moción de censura a la actual mayoría.
Sin embargo, fue el Instituto Canario de Igualdad quien instó al alcalde a proteger a la trabajadora que denuncio el acoso sexual y a suspender en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno al concejal Herrera mientras se sustancia el correspondiente procedimiento judicial.
Además, la exasesora presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC contra la desestimación de su recurso de reposición ante el Ayuntamiento de Puerto del Rosario a su petición de anular su cese como personal eventual de confianza.
Considera Sotorrio que la resolución a su recurso no puede venir firmado por la edil de Personal ya que el recurso era contra un decreto del alcalde Juan Jiménez.
