La situación de los 400 trabajadores del hotel Oliva Beach, cuya licencia de rehabilitación se encuentra bloqueada por el Ministerio de Transición Ecológica desde hace casi tres años, ha generado un frente común de los grupos de la oposición en el Cabildo de Fuerteventura, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) en busca de una solución a la incertidumbre que sufre la plantilla de personal y sus familias.
Nacionalistas y conservadores solicitaron ayer la convocatoria de un pleno extraordinario para pedir un frente político y social para exigir al Gobierno de España que resuelva la solicitud de autorización de obras de reforma del citado establecimiento hotelero de forma preferente después de conocer una nueva resolución del Ministerio de Transición Ecológica en la que se incoa expediente para revisar de oficio la concesión administrativa.
Los portavoces de los grupos CC y PP han coincidido en señalar que “es más necesario que nunca que Fuerteventura luche por mantener la concesión de este hotel porque hay 400 familias que siguen esperando tres años después por una respuesta del Estado”, aseguraron Lola García y Claudio Gutiérrez.
El pasado 6 de octubre, el subdirector general de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia emite una comunicación a los trabajadores y la empresa en la que se les informa que la Secretaría General Técnica del Ministerio para la Transición Ecológica va iniciar el procedimiento de revisión de oficio con el objeto de declarar la nulidad de la Orden Ministerial de 8 de julio de 2003 por la que se acuerda otorgar a la propiedad del Oliva Beach la concesión administrativa por concurrir la misma en “nulidad de pleno derecho”. Una resolución, según CC y PP, que contradice el informe de la Abogacía del Estado que daba la razón a la propiedad y los trabajadores del hotel y que resuelve que la concesión administrativa que otorgó el PP al amparo de la modificación de la Ley de Costas es “válida y está en vigor” y que, por tanto, el Estado tiene la obligación de resolver sobre la autorización de estas obras.
Lola García destacó que “el PSOE gobierna en todas las instituciones, en Fuerteventura, en Canarias y en el Gobierno de España y debe resolver este expediente y hablar claro a las más de 400 familias que trabajan en el hotel”.
Por su parte, Gutiérrez, señaló que “llevamos años esperando por la remodelación del hotel y luchando contra un Gobierno de España que es insensible con Fuerteventura”.
