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El Cabildo cree que el Estado vulnera las competencias sobre el caso Oliva Beach

La institución insular y RIU consideran que la ordenación del litoral corresponde al Ejecutivo canario | La empresa alega que el Ministerio aplica criterios arbitrarios

Una de las concentraciones de protesta de los empleados del Oliva Beach para defender sus puestos

Una de las concentraciones de protesta de los empleados del Oliva Beach para defender sus puestos Fuselli

El duro escrito de alegaciones remitido por el Cabildo insular al Ministerio para la Transición Ecológica aduce incongruencias, omisiones y graves errores en la resolución que inicia la revisión de la concesión otorgada en 2.003 al complejo turístico de Corralejo Oliva Beach, y la tacha de desproporcionada y desequilibrada, para acabar solicitando su revocación, recordando que, en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias; cuya reforma se aprobó con la Ley Orgánica 1/2.018, de 5 de noviembre, se establece que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, la competencia exclusiva, que incluye en todos caso la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones. Mantiene que sin haberse culminado el oportuno proceso de transferencia de servicios y funciones al Gobierno de Canarias, que deberá incluir la gestión de todas las concesiones demaniales, carece de sentido este “empecinamiento irrazonable y precipitado en llevar a cabo la mencionada revisión de oficio”.

El Gobierno de Canarias ha solicitado estas y otras competencias pendientes de traslado aún por el Gobierno central, y que en este momento son responsabilidad de la cartera ministerial ocupada por la ministra canaria Carolina Darias. El presidente del gobierno canario Ángel Víctor Torres se ha trasladado en distintas ocasiones a Madrid interesándose por el asunto del Oliva Beach que parece no encontrar respuestas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

Por su parte la concesionaria Geafond, sociedad del grupo hotelero RIU, en sus 33 páginas de alegaciones incide en el argumento de la injerencia del Ministerio en las competencias canarias, y relata un buen número de irregularidades que a su juicio se cometen en el expediente ministerial.

Distintas varas

Aduce RIU en sus alegaciones, que el Ministerio le aplica criterios discriminatorios y arbitrarios, utilizando distintas varas de medir, según quien sea el concesionario, ya que una de las cuestiones discutidas es que la construcción de parte de los apartamentos Oliva Beach finalizó después de la ley de Costas de 1.988, hecho que también señalaba el secretario de estado para Medio Ambiente, Hugo Morán, en su comparecencia en el Congreso de los diputados el pasado martes 17, donde manifestó que no tienen intención de causar “daños colaterales”, sin señalar si eso se refería a los 400 puestos de trabajo que mantiene el hotel.

Continúan las alegaciones de Geafond advirtiendo la grave omisión en la incoación de la revisión de la concesión pretendida por el Ministerio, de lo informado por la Abogacía del Estado, respecto del alcance de la revisión, puesto que “no se trata tanto de anular sino de regularizar el título concesional, que se mantendrá vigente para la entidad concesionaria en relación con los terrenos de los que sí era propietaria en tiempos de solicitar la concesión”.

Riu hace hincapié en que la sociedad, adquirida en 1.995, era propietaria de pleno de derecho de los terrenos sobre los que se ejecutó el complejo, que fueron despojados por el deslinde del dominio público efectuado en 1.992, y ello les otorgó el derecho a ser titulares de una concesión compensatoria; por la que además ahora deben pagar casi la cifra redonda de dos millones de euros al año. Fuentes de la entidad señalan que, este año, también se han girado los pagos de los dos semestres del canon, en marzo y septiembre, a pesar de haber solicitado la suspensión y reducción del cobro, al haberse visto obligados a cerrar el establecimiento hotelero por la crisis ocasionada por la pandemia por Covid-19.

El Cabildo majorero y la cadena hotelera RIU han presentado duros escritos de alegacioens.

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El Ministerio de Transición Ecológica incluye en el alegato de cuestiones, objeto de la revisión de la concesión administrativa, que no todas las fincas de la zona de apartamentos son titularidad de la actual concesionaria. En este punto, se extienden las alegaciones presentadas, concluyendo que, en el momento en el que el Ministerio practicó el deslinde de los bienes de dominio público de ese tramo de Costas, tuvo la obligación; y, por tanto, el conocimiento de todos los propietarios que formaban parte de la zona - estando estos 20 inscritos a tal fecha en el registro de la propiedad de Corralejo- de advertir del otorgamiento de la concesión de 2.003 y ulteriores.

El escrito recuerda al Ministerio que siga las indicaciones dictadas por la Abogacía del Estado y regularice la concesión de forma urgente, extrayendo de la misma a los terceros, que tendrán derecho su propia concesión, a otorgar de oficio.

Reforma necesaria

El 7 de diciembre de 2.017, RIU pidió autorización para invertir más de veinte millones de euros en obras de reforma y modernización en el Complejo del que es titular. Y es, precisamente, donde la Subdirección General de Dominio Público, reunida con la representación legal de los trabajadores el pasado jueves 19, mantiene que faltan cuestiones que subsanar por la empresa.

Los trabajadores cuentan emocionados que llegaron a llorar en esa reunión. Y de que ellos, sus familias, y los pueblos del municipio de La Oliva no pueden prescindir de la economía que genera este hotel. Las familias han prosperado gracias al trabajo que realizan en el establecimiento, sus hijos han podio ir a la universidad o trabajar también en la plantilla, teniendo un futuro en la isla.

Hombres y mujeres, con más de 30 años de antigüedad en el trabajo, relatan que vendieron su barco de pesca; cuando faenar era ya imposible en La Isla, para entrar en el hotel, un icono más de la Isla junto al Oliva Beach y al Tres Islas. “Los hoteles son iconos de nuestra zona y de la isla, ya forman parte de nuestro paisaje, nos han ayudado a vivir con dignidad, y a tener futuro sin tener que emigrar; quizás hoy en día no se habrían hecho, pero son únicos y nosotros estamos orgullosos, y los vamos a defender, tenemos derecho a tener una vida digna y un trabajo seguro, para nosotros y las generaciones que vienen”, manifiesta Adrián Fernández, trabajador del hotel y presidente de la Asociación popular Salvar el Oliva Beach.

La posición de la empresa es que mantiene su intención de hacer la inversión, incluso en estos críticos momentos de crisis, lo que producirá la subida de categoría turística del hotel y, con ello, las tablas salariales de la plantilla. Asimismo, reactivará la economía municipal con más de mil empleos durante los meses de la ejecución de las obras.

"Los hoteles nos han ayudado a vivir con dignidad y a tener un futuro", aseguran los trabajadores del Oliva Beach.

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La empresa ha contestado en dos ocasiones a la Subdirección General, que no objeta nada respecto de las cuestiones técnicas del proyecto referidas por esta, y que no se interviene en ningún apartamento de terceros, habiendo aprobado las obras la Comunidad de Propietarios, “no es posible que el Ministerio pretenda que los terceros, extranjeros en su mayoría, vengan a adherirse a la solicitud de obras de uno en uno, cuando tampoco los citan para el expediente de revisión, para estas cuestiones existe en España la Ley de propiedad horizontal y las comunidades de propietarios, sino cualquier actuación en un colectivo de propietarios sería totalmente inviable”, aducen fuentes de la empresa consultadas.

Tercer viaje a Madrid

En toda esta situación, los trabajadores juegan un papel fundamental, empeñados en hacerse oír, más allá de la representación empresarial, o de las cuitas políticas. El comité de empresa, los sindicatos que les apoyan, y una amplia representación civil compuesta por taxistas, comerciantes, hosteleros y demás colectivos de La Oliva, han hecho piña como en Fuenteovejuna.

Una pequeña representación decidió hace una semanas que si el juego está en Madrid, había que ir a Madrid, y de allí han llegado el pasado viernes, agotados pero contentos por llevar su mensaje a las puertas del Congreso de los Diputados y del Senado, a las sedes de los partidos políticos, al Ministerio de Transición Ecológica y de la vicepresidencia del Gobierno. “No es un hotel más, es nuestro medio de vida, nuestra forma de vivir. No se puede acabar como lo hizo la minería en Asturias, aquí nadie viene a subvencionarnos, lucharemos por nuestros puestos de trabajo, no somos un daño colateral justificable”, dicen los trabajadores, aludiendo a lo manifestado por el secretario de estado de Medio Ambiente Hugo Morán.

Un reciente estudio socioeconómico encargado por el Ayuntamiento de La Oliva muestra que el municipio, en este momento, tiene una alarmante tasa de paro del 21,32%. La cifra es de 2.782 parados; más de mil familias acogidas a la ayuda para alimentos.

El Hotel Oliva Beach representa, según este estudio, un 20% de las camas turísticas del municipio, da trabajo a 519 personas, y en el año 2.019 inyectó en la economía insular 27 millones de euros. Las pérdidas que supondría el cierre del hotel en otros sectores municipales ligados a la hostelería sería más de 10 millones de euros al año.

Todas las administraciones locales e incluso regionales defienden la necesidad de la continuidad del establecimiento hotelero Oliva Beach, y la urgencia de la resolución de la situación que mantiene, por propia supervivencia. Canarias dice sí, y Madrid, por ahora, no dice nada.

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