La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión para el actual presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE), por los delitos de administración desleal e insolvencia punible durante su gestión en la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa).
Según adelanta este martes Diario de Fuerteventura, la Fiscalía pide para Acosta cuatro años y tres meses de prisión por presuntos delitos de administración desleal (un año y nueve meses de prisión) y de insolvencia punible ( dos años y seis meses de cárcel) y el mismo periodo de inhabilitación para cargo público.
El socialista majorero fue administrador único de la empresa pública de Gestión Urbanística de Pájara, una empresa creada originariamente para la construcción de vivienda pública en el municipio, durante su etapa de concejal de Urbanismo en este ayuntamiento.
En el escrito, el fiscal Tomás Fernández solicita el juicio oral contra Blas Acosta y enumera una serie de irregularidades en 2012 que desencadenaron en una deuda cifrada en casi dos millones de euros tres años después en 2015, cuando cesó al frente de Gesturpa.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, publicado por Diario de Fuerteventura, Blas Acosta llevó a cabo una serie de "conductas ilícitas" a pesar de que sabía que la empresa municipal "incurría en causa legal de disolución" y "se encontraba en una situación de inminente insolvencia".
En concreto, el actual presidente del Cabildo majorero "formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales" de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, "aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables".
Esas irregularidades abarcaban, según el escrito de acusación, la "valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos" y la "contabilización de deudas y gastos".
Según el escrito del fiscal Tomás Fernández, el 27 de marzo de 2012, la empresa administrada por el actual presidente del Cabildo concertó un préstamo con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, "con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica".
Ese préstamo se concedió para el pago de deudas "que no figuraban en la contabilidad" de Gesturpa.
Además, la Fiscalía atribuye a Acosta otros hechos delictivos como el abono en 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, "por cuenta de un tercero al que luego nunca le reclamó el pago".
De esta manera, la empresa pública pasó de contar con 241.181 euros de fondos propios en 2011 a casi dos millones de euros en negativo en julio de 2015 cuando Acosta cesó.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario finalizó la instrucción del caso Gesturpa, el pasado mes de septiembre resultando como único acusado Blas Acosta.
Su defensa impugnó el auto del Juzgado que estableció la culminación de las diligencias previas, que se iniciaron en 2015, y el pase de la causa a la fase de procedimiento abreviado.
La petición de prisión e inhabilitación para Acosta llega justo en el momento en el que el socialista se enfrenta a una crisis de gobierno en el Cabildo después de que dos consejeros del grupo de gobierno fueran cesados por no presentarse al pleno del 22 de diciembre en el que se debían aprobar los presupuestos para 2021.
El gobierno en minoría de Acosta junto a Podemos y un consejero de Nueva Canarias ha abierto las puertas a una posible moción de censura en los próximos meses.
