El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta considera que la filtración del escrito de Fiscalía respecto a la petición de pena de cárcel es una campaña para deteriorar su imagen “como responsable de esta Corporación y manchar mi trayectoria política”.
La Fiscalía solicita una condena de cuatro años y tres meses de prisión para el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta por los delitos de administración desleal e insolvencia punible durante su gestión en la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa). El fiscal Tomás Fernández desglosa la petición de pena para Acosta por presuntos delitos de administración desleal (un año y nueve meses de prisión) y de insolvencia punible ( dos años y seis meses de cárcel) y el mismo periodo de inhabilitación para cargo público.
Acosta señaló ayer en rueda de prensa que ni él ni sus abogados tienen constancia de lo publicado en los medios de comunicación. “Se ha roto la cadena de custodia de documentos públicos. Es una cuestión muy importante, porque se rompe la confianza en las instituciones, así que espero que los responsables actúen en consecuencia”. Además, añadió, que “es más, la jueza instructora debería iniciar, si no lo ha hecho ya, las averiguaciones necesarias para esclarecer la filtración de su escrito del cual ni yo ni mi representación legal tenemos”.
El socialista majorero enfocó su intervención en denunciar la supuesta filtración y en acusar a aquellos que están intentando deteriorar su imagen y manchar su “trayectoria política con artes y formas nada correctas para lograr lo que no han sido capaces de hacer por medios legítimos: las votaciones ni elecciones”.
Asimismo, adelantó que dará instrucciones a sus abogados para “exigir todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales a quien sea necesario para garantizar su legítimo derecho como ciudadano a la presunción de inocencia”.
Acosta “ni yo ni mi representación legal tenemos constancia del escrito de Fiscalía”
Por último, recurrió a un informe pericial que, según el presidente majorero, obra en el sumario del “caso Gesturpa”, entre cuyas conclusiones no figura que se detectan irregularidades en la contabilidad de la empresa pública.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias y secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, en declaraciones publicadas por Efe, afirmó ayer que el “socialismo” del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, “está fuera de cualquier discusión”, por lo que cumplirá el código ético si tuviera que tomar alguna decisión.
En declaraciones a los periodistas al ser cuestionado por la petición de la Fiscalía, apuntó que el código ético del PSOE “es para todos” y recoge la dimisión cuando un juez abre juicio oral y con “ciertos delitos tasados”, y por ahora, no se da esa circunstancia.
Torres apuntó que la isla de Fuerteventura “se encuentra en ebullición política” con una probable moción de censura que ha conllevado incluso la marcha de una diputada del grupo de Nueva Canarias en el Parlamento lo que le da “mayor relevancia” al escrito de la Fiscalía.
