Gregorio R.V.G., el empresario que trato de sobornar a un concejal del Ayuntamiento de La Oliva para que presuntamente le favoreciera en la Mesa de Contratación por la adjudicación de un servicio público de explotación de hamacas en las playas de Corralejo, se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel, así como multa e inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años por un delito de cohecho. La Fiscalía demanda esta pena en su escrito de conclusiones provisionales. El empresario será juzgado en una vista que se celebrará en la Audiencia Provincial los próximos días del 23 al 26 de febrero por medio del procedimiento de tribunal del jurado.
El llamado caso hamacas saltó a la luz pública en abril de 2016 cuando el entonces portavoz del grupo político Votemos, Álvaro de Astica, puso en conocimiento de la Fiscalía diversas irregularidades en los concursos de adjudicación de las autorizaciones para la explotación de los servicios de temporada en playas en el municipio de La Oliva vinculados a los sectores de hamacas, chiringuitos y kioscos. La investigación alcanzó a casi a un centenar de personas y administradores de 16 empresas durante la época en la Alcaldía de González Arroyo, Claudina Morales y Rosa Fernández.
El litoral de La Oliva se encuentra repartido en doce lotes destinados a explotaciones de servicios de kioscos y hamacas, que fueron adjudicados en 2015 por un periodo de cuatro años. Las ubicaciones de los sectores de explotación de playas se encuentran localizados en Corralejo casco y El Cotillo. Cada lote dispone de dos sectores de cien hamacas y sombrillas.
Gregorio R.V.G., llevó a cabo durante varios años la explotación de las hamacas en varios sectores de las playas en La Oliva. Tras quedar fuera de la adjudicación en 2015 por haberse asignado la explotación a otra persona, el 27 de abril de 2016, después de ponerse varias veces en contacto con Álvaro de Astica en su condición de concejal del Consistorio majorero, el acusado le entregó la cantidad de 2.300 euros, que procedían de un socio, a cambio de que influyera en la Mesa de Contratación del Ayuntamiento y que, en caso de que el adjudicatario renunciase a la concesión, se le atribuyera al acusado, por ser la segunda puja más alta, la concesión de la explotación de las hamacas sin sacarlo a concurso público, lo que contravenía la normativa municipal.
Sin embargo, el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, José Luis Ruipérez, sobreseyó el caso en septiembre de 2017 y finalmente la Audiencia Provincial archivó de forma definitiva la causa a finales de 2019, al tiempo que también dejó sin efecto la acusación contra Astica y el empresario Vicente Curbelo, pero decidió tramitar una pieza separada del caso por un delito de cohecho contra Gregorio R.V.G.
