El Ayuntamiento de Puerto del Rosario estudia emprender acciones judiciales contra la Iglesia para recuperar la plaza pública que circunda la iglesia Nuestra Señora del Rosario al considerar que se trata de un bien municipal. En el pleno que se celebra mañana uno de los puntos del orden del día está relacionado con este asunto, al margen de la intervención de un vecino, en el apartado de participación ciudadana, sobre la problemática que se ha generado tras la decisión de la Diócesis de Canarias de rescindir el contrato a los gestores del popular kiosco de la Iglesia, un referente y punto de encuentro de la sociedad majorera desde hace más de 60 años.
La Iglesia se amparó en una modificación de la Ley Hipotecaria que le permitió registrar a su nombre todo tipo de bienes tan solo con una certificación eclesiástica y por cantidades simbólicas. Por este motivo, procedió a la inmatriculación de numerosos bienes en Fuerteventura y especialmente en Puerto del Rosario donde registró unas 60 propiedades, de las que cerca de medio centenar son fincas rústicas, así como viviendas y almacenes.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha encargado un estudio jurídico al letrado Pedro Fernández sobre la adopción de medidas para anular la inscripción registral de la plaza Nuestra Señora del Rosario, inscrita en pleno dominio a favor de la Diócesis de Canarias, así como para la recuperación de la posesión y dominio de esa plaza en beneficio del Consistorio capitalino.
La citada plaza aparece inscrita en el Registro de la Propiedad de Puerto del Rosario número Uno en pleno dominio a favor de la Diócesis de Canarias en virtud del certificado expedido el 9 de agosto de 1985 por el Canciller Secretario del Obispado de Canarias y al amparo de la entonces vigente ley.
Según el informe jurídico “en base al ordenamiento jurídico debe afirmarse con toda rotundidad que la Plaza Nuestra Señora del Rosario es dominio público local de titularidad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario”. Además, se añade que “la conservación de la citada plaza queda acreditada con las labores de mantenimiento que realiza el Ayuntamiento a través de los servicios públicos locales principalmente de limpieza viaria, mantenimiento y conservación de arbolado y elementos anexos, obras de reposición de los elementos dañados, obras de reforma financiados con fondos públicos y actuaciones de Policía como la regulación de los usos ordinarios establecidos para esta clase de espacios dotacionales vinculado y de carácter puntual o extraordinario con ocasión de actos públicos o conmemoraciones festivas o culturales en la plaza”.
En las conclusiones de este informe se recoge que “el Ayuntamiento deberá ejercer las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para anular la inmatriculación de la Plaza a nombre de la Iglesia”. También, se advierte, que “si el Ayuntamiento incumpliera su obligación estará legitimado cualquier vecino para interponer las acciones que procedan en nombre de la entidad local y en defensa de los bienes de dominio públicos locales”.
El alcalde Juan Jiménez, cree que la obligación del Ayuntamiento “donde hubiera cualquier duda acerca de la conculcación de la hipotética potestad de posesión de un bien o de un espacio que pudiera ser público, como puede ser la plaza que circunda la iglesia de Puerto del Rosario, sería la de defender y hacer valer dicho derecho, ejerciendo aquella acción judicial que fuera preciso llevar a cabo”. Además, reconoce que “se está valorando este extremo, sobre todo a raíz de las posibilidades que la actual legislación nos permite, porque estamos hablando de un espacio no dedicado al culto religioso”. También, añadió, que “la recuperación de oficio de la plaza es una de las opciones a valorar, siempre y cuando se dieran las circunstancias para ello. Debe quedar claro es que aquí se defienden los bienes públicos, el patrimonio que es de todos”.
