Los ciudadanos no solo han tenido que afrontar la crisis sanitaria de la Covid-19 sino también han sufrido la pandemia burocrática de las instituciones públicas. Este es el caso de Manoli Candón Alonso (Cádiz,1982), que padece un enredo administrativo con el Instituto Canario de la Vivienda, la misma institución que facilita las ayudas al alquiler a las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica.
A Manoli le concedieron una de estas ayudas para el alquiler de su vivienda en Gran Tarajal, en el municipio majorero de Tuineje, pero el dinero lo ingresaron en la cuenta de otra persona. Desde entonces, la joven andaluza sufre un auténtico calvario para recuperar su dinero. Este es un nuevo ejemplo de cómo el retraso de las administraciones públicas en su gestión administrativa penaliza los derechos de los ciudadanos, algo que produce una enorme desazón.
La historia de Manoli es rocambolesca. Solicitó en 2018 la ayuda al alquiler destinadas a los jóvenes residentes en Canarias menores de 35 años que subvencionaba hasta el 50% de la renta por el inmueble, una ayuda otorgada mediante el procedimiento de concesión directa por el Instituto Canario de la Vivienda, que pertenece a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canaria, presidida por Sebastián Franquis.
En 2019, le comunican a la vecina de Gran Tarajal que su petición ha sido aceptada. Sin embargo, cuando en mayo de ese año comenzaron a abonarse las ayudas, la suya no llegaba. «Como observaba que personas que conocía habían recibido el dinero de la ayuda y yo no, mandé un correo al Instituto Canario de la Vivienda, solicitando información sobre el retraso. La respuesta es que ya me habían abonado la ayuda, pero no fue así porque ingresaron el importe a otra persona», señala Manoli Candón.
Lo más llamativo de este caso es que el pasado mes de abril la persona que recibió por error el dinero que le correspondía a Manoli lo devolvió al Instituto Canario de la Vivienda, aunque a ella no le han reembolsado la ayuda otorgada. «La verdad que es increíble», manifiesta.
La joven asegura que la institución regional encargada de las ayudas de las viviendas «asume su error» pero no terminan de ingresarle la ayuda que le corresponde y que le concedieron «por cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria del programa del Plan de Vivienda de Canarias».
Manoli Candon llegó a Fuerteventura hace unos años por motivos laborales. Aquí se ha establecido en el pueblo de Gran Tarajal y trabaja en una localidad de las cercanías. Pero el drama de esta andaluza se alarga también con los efectos de la crisis económica producida por la pandemia. Tuvo que afrontar un ERTE durante casi un año. «Gracias a la ayudas de mis suegros y padres pude salir adelante con muchos sacrificios y problemas mientras seguía esperando que resolvieran el error que el Instituto Canario de la Vivienda había cometido con mi ayuda», apunta Manoli, quien ya ha comenzado a trabajar. Además, añade que «tras llamar en infinidad de ocasiones para que solucionen el problema que ellos cometieron» y le ingresen el dinero «se han estado tirando la pelota de unos a otros sin dar una solución».
Manoli Candón pretende llegar hasta el consejero Sebastián Franquis, porque está segura de que «es ajeno a este problema». «Me han dicho que es una buena persona y espero que intervenga para poder recuperar mi ayuda», declara.
